Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside la diputada Esthela Damián Peralta (PRD), se pronunciaron por hacer una reforma integral a la Ley de Coordinación Fiscal que castigue la opacidad, que sea mejor y más dura con funcionarios públicos que incurran en irregularidades.

Durante la última reunión de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, presentado por el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, la diputada Damián Peralta propuso realizar una mesa de trabajo con la ASF para analizar lo correspondiente a dicho ordenamiento que “no está funcionando de manera adecuada, porque es obsoleta dado el tiempo que tenemos con ella”.

En esta Quinta mesa de trabajo: Recursos Federales Transferidos a Entidades y Municipios, se pronunció por citar a comparecer formalmente ante esta Comisión a los titulares de las secretarías que tienen mayores observaciones y sobre las cuales se debe actuar en consecuencia en el Presupuesto que elaborará esta Cámara.

Agregó que los diputados deben tomar decisiones importantes en función de los resultados entregados por la Auditoría Superior de la Federación.

“Me preocupa que queden en la Comisión de Vigilancia todas las discusiones que dimos, cuando fundamentalmente la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública deben conocer esos resultados para tomar las decisiones fundamentales en beneficio de la población”.

Manifestó su preocupación por los señalamientos respecto a que los recursos locales no se auditan adecuadamente con autonomía porque existe alta dependencia con los ejecutivos estatales.

Solicitó al órgano fiscalizador que informe a detalle, de tres años a la fecha, cuáles auditorías han realizado los entes locales, cuáles han sido los resultados y saber cuántos funcionarios públicos en los estados han sido sancionados.

“Tenemos que ocuparnos de manera inmediata para que esta Comisión tome cartas en el asunto, antes de entregar los recursos federales a los estados”.

A su vez, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) sostuvo que la distribución de recursos federales a las entidades es una obligación que desde el Legislativo “tendríamos que honrar con una reforma integral a la Ley de Coordinación Fiscal que fortalezca el federalismo”.

“Una mejor ley que estimule a las regiones y castigue la opacidad, que sancione los subejercicios del gobierno federal fincando responsabilidades, incluso, penales a malos funcionarios del gobierno federal”.

Respecto al informe que presentó el ASF manifestó su preocupación porque los fondos no sean objeto de una evaluación precisa. “Estas reflexiones nos deben servir para la discusión presupuestal de 2011, porque son insumos centrales para esa discusión”.

Indicó que la estrategia del gobierno en el combate a la pobreza, “lo que premia es graduar de pobres a los pobres con una política asistencialista, porque las fórmulas de distribución no reconocen los esfuerzos locales y los incentivos están mal alineados”.

Por el PAN, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz afirmó que es necesario que las leyes de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sean más duras con los funcionarios públicos del orden estatal y los gobernadores que incurran en irregularidades, opacidad y daño a la hacienda pública federal.

No obstante, reconoció que “la ley, por buena que sea, no es acatada por las entidades federativas y los municipios y los niveles de pobreza no han sido atendidos en la misma proporción en la que se entregan los recursos”.

Dijo que la aplicación de los recursos del ramo 33 “significa cero transparencia, cero rendición de cuentas y uso indiscriminado de los recursos por parte de los gobiernos estatales para actos de carácter político”

Es fundamental tratar este tema porque evidencia los problemas recurrentes en la aplicación de recursos, sobre todo, “da la oportunidad para proponer soluciones y alternativas de trabajo dirigidos a lograr la máxima eficiencia en el ejercicio de los mismos”.

Dijo que hay una incidencia notable de irregularidades en las entidades federativas del país y “es aquí donde se encuentra uno de los mayores retos por parte del Poder Legislativo: verificar la correcta aplicación de los recursos, el cumplimiento de los objetivos para los que ha sido creado el Ramo 33 y, por supuesto, analizar la viabilidad del esquema de federalismo fiscal”.

En su oportunidad, el diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) señaló que éste ha sido un ejercicio inútil porque “recibimos mucha información, pero no es importante; lo que hemos visto es una política de finanzas públicas, de desarrollo social, de seguridad pública que corresponden a un Estado fallido”.

Destacó la necesidad de contar con un balance de cómo gasta cada entidad. “Hacen auditorías, pero no tenemos un balance en términos de auditorías”.

“No se ha generado una evaluación integral de cómo han afectado esos recursos las condiciones de vida de la población” y añadió que “si la fiscalización no sirve para meter a la cárcel a funcionarios corruptos, por lo menos debe servir para gastar bien”.

Dijo que la ASF se ha negado a entregar un balance en esos términos “escudándose en que tiene limitaciones legales, como si fuera un ente absolutamente ajeno a la Cámara de Diputados y tuviera impedimentos para dar una opinión”.

ASF

En su participación, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Jiménez, dijo que los recursos asignados a los estados y municipios en los fondos y programas auditados, ascendieron a 372 mil millones de pesos, que equivalen al 66.3 por ciento del total de transferencias federales. La muestra auditada fue de 315 mil millones, es decir 84.8 por ciento.

Dijo que se formularon cuatro mil 920 observaciones que dieron lugar a cinco mil 64 acciones promovidas, de las cuales son tres mil 398 recomendaciones; 938 pliegos de observaciones; 670 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 38 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 17 solicitudes de aclaración y tres denuncias de hechos.

Además, se obtuvieron recuperaciones por cuatro mil 780 millones de pesos y se determinaron otras recuperaciones probables por 13 mil 735 millones de pesos.

El manejo de los recursos transferidos, dijo, carece de transparencia y rendición de cuentas necesarias que las equipare con su importancia financiera y estratégica, ya que en algunas entidades federativas las cuentas púbicas estatales y municipales no tienen el carácter público o no son de fácil acceso.

El informe señala irregularidades e insuficiencias del proceso de entrega de información por las entidades federativas y municipios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la falta de análisis de las dependencias federales coordinadoras de los fondos, a efecto de mejorar las estrategias políticas pare el ejercicio de los recursos federales transferidos.

Destacó que el programa de auditorías de la ASF consideró 423 revisiones a los ocho fondos del Ramo General 33: al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 27; al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), 11; siete al Fondo Metropolitano; 11 al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y seis a los convenios de reasignación de recursos federales.

Explicó que en 2008 se transfirieron 561 mil millones de pesos a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Por lo que hace al FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal), éste concentra el 40.5 por ciento de las transferencias; se auditó directamente en los 31 estados de la república así como los recursos del Ramo general 25 con los que operan los servicios de Educación básica en el D.F. y el importe ejercido fue de 250 mil 717.8 millones de pesos. La ASF hizo observaciones que ascendieron a ocho mil 711.4 millones de pesos.

Respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, tuvo una asignación de seis mil millones de pesos y registró observaciones por 465.8 millones de pesos.

El Fondo Metropolitano tuvo una asignación de cinco mil 500 millones de pesos, pero “el insuficiente control y seguimiento del presupuesto asignado ocasionó un subejercicio de 32.8 por ciento”.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tuvo una asignación de 47 mil 689.9 millones de pesos y las observaciones, una cuantificación por dos mil 843.9 millones de pesos.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuya asignación presupuestal fue de 12 mil 469.5 millones de pesos, recibió observaciones que alcanzaron un monto de 986.5 millones de pesos.

Por lo que hace al Fideicomiso para la Infraestructura Social Estatal (FISE), su asignación presupuestal fue de cuatro mil 641.6 millones de pesos, con observaciones que ascendieron a mil 551.8 millones de pesos.

Al Fideicomiso para Infraestructura en los Estados (FIES) se le asignaron 26 mil 88.3 millones de pesos, y las observaciones realizadas alcanzaron los mil 113 millones de pesos.

Participaron también los diputados José Francisco Rábago Castillo (PRI); Fernando Santamaría Prieto, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Rosa Adriana Díaz Lizama y Alba Leonila Méndez Herrera, del PAN; así como Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López, del PRD, entre otros.