Al iniciar la sesión de hoy, los grupos parlamentarios condenaron la aprobación legislativa de la Ley Antimigrante en el estado de Arizona, en Estados Unidos y exigieron al gobierno federal que tome las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de los migrantes que habitan en aquel país.

En tribuna, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI) afirmó que de ser promulgada dicha ley por la gobernadora de Arizona, habría repercusiones sociales y económicas para más de 400 mil mexicanos que viven ese estado.

Dijo que se requiere de una negociación política y diplomática con el gobierno estadounidense y con los legisladores de ese país, para concertar o proponer otras vías de solución al fenómeno migratorio diferentes a la práctica de acciones policiales.

“Es necesario impulsar una política de entendimiento y mutua comprensión con una visión moderna y compartida para un fenómeno que no es bilateral sino ya es global”.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI) hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por medio de todos los conductos existentes, proteja a los connacionales, así como pida al embajador de México en aquel país que informe al gobierno de la República sobre el tema.

“Es un crimen, se está perjudicando a gente que va a la Unión Americana con el sólo deseo de trabajar, van a ganar un sustento que no pueden ganar en nuestro país”, subrayó.

Posteriormente, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN) destacó que es menester que los legisladores tomen las medidas necesarias para evitar que una ley discriminatoria afecte a los connacionales.

“Esta ley representa un claro retroceso en materia de leyes migratorias y constituye un atentado contra la dignidad de las personas al tener un claro contenido racista que será motivo de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes”, puntualizó.

En tanto, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) señaló que en el estado de Arizona habitan más de 450 mil migrantes mexicanos que carecen de documentos “entendemos que ambos países enfrentamos una problemática común que debe ser resuelta mediante la cooperación entre nuestras naciones”.

“La libertad no debe ser constreñida arbitrariamente por ningún Estado, porque sin el pleno reconocimiento de los derechos humanos de cada persona se pone en riesgo el sistema jurídico y democrático”.

Por su parte, el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD) propuso apoyar a las organizaciones estadounidenses de migrantes para invalidar la ley de Arizona ante las cortes de justicia; fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados fronterizos y contra ordenanzas de esta naturaleza; aumentar en los consulados los recursos financieros, materiales y humanos para atención y protección de los migrantes.

“La actitud del Gobierno norteamericano ha sido errática y fallida con relación al compromiso de emprender una reforma migratoria que legalice la residencia de millones de trabajadores indocumentados”.

Argumentó que la ley atentará contra los derechos humanos de miles de mexicanos que intentan cruzar la frontera en la búsqueda de oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, “la autoridades mexicanas no pueden ser omisas de esta amenaza contra los derechos humanos y civiles de millones de compatriotas, los Poderes de la Unión deberán ejercer sus mejores oficios para defender a los migrantes mexicanos”.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM) dijo que las iniciativas que se limitan a criminalizar a los migrantes, dejan la puerta abierta para aplicar la ley en función de aspectos raciales, “resulta alarmante conocer que una legislación aprobada por los diputados de Arizona, permite detener a cualquier persona por el simple hecho de parecer migrante indocumentado”.

Manifestó que de darse vigencia a esta ley, sería un golpe para los derechos civiles de los connacionales, “que lo único que buscan es un empleo digno y un ingreso decoroso”.

“Solicitamos a la gobernadora de Arizona se sensibilice ante esta situación, e impida que prospere esta iniciativa que atenta contra el libre tránsito de la población y pudiera parecer que toma tintes de ser una política migratoria recargada hacia cuestiones raciales”.

Por su parte, el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT) indicó que en el estado de Arizona existen alrededor de 500 mil migrantes indocumentados, de los cuales 450 mil son mexicanos.
Resaltó que esta ley es la expresión jurídica de la xenofobia de la ultraderecha norteamericana, ya que viola fragantemente los derechos humanos que el gobierno de ese país tanto dice defender.

“Atenta contra todas aquellas personas en particular a los mexicanos. El contenido de dicha norma es en esencia fascista, ya que establece la delación por parte de los ciudadanos norteamericanos de aquellas personas cuya situación migratoria sea irregular”

Ante ello, anunció que su grupo parlamentario exigirá a los encargados del manejo de las relaciones exteriores “una total condena de un acto de barbarie como es éste”.

En tribuna, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) enfatizó que el Congreso tendrá que exigir al gobierno que fije una posición firme “de respeto a migrantes y que exija el retiro de esa ley racista que viola los derechos humanos más fundamentales de los migrantes”.

Asimismo, consideró que la cancillería debe tener un papel mucho más activo de la defensa de los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.

Finalmente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) expresó que la migración es parte integral del Tratado de Libre Comercio y factor fundamental de la productividad y del crecimiento de la economía norteamericana, “el aumento de la migración es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte”.

Puntualizó que la Comisión de Relaciones Exteriores se propuso presentar un proyecto de reforma constitucional que sea el marco de una política exterior de Estado, “ha llegado a un punto límite del descaro y el desprecio con el que ciertas autoridades norteamericanas tocan el tema de la migración”.

De igual forma, el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (NA) señaló que la sola aprobación legislativa de dicha ley, pone una vez más en evidencia la exclusión, discriminación, rencor, odio, así como la violación a los más elementales derechos humanos que sufren los migrantes mexicanos.

La migración debe resolverse entre los gobiernos, a través de diálogo, consensos, convenios y nunca por soluciones bilaterales, expresó.

Pérez de Alba exigió al gobierno federal que emprendan las acciones diplomáticas que fuesen necesarias para garantizar la protección de los mexicanos que radican legal o ilegalmente en Arizona y en cualquier otro estado de la Unión Americana.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario la diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) afirmó que esta ley contraviene el más elemental respeto a los derechos humanos, ya que “tiene la pretensión de facultar a la policía a detener e interrogar a cualquier persona guiándose sólo por su aspecto, además de dar pauta a una verdadera caza de indocumentados”.

Explicó que la medida tiene un perfil netamente discriminatorio y pretende criminalizar a todos los migrantes, particularmente a los de origen mexicano que arriban a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida.

“La intolerancia, discriminación y violencia que caracteriza a los grupos radicales antimigrantes existentes en los Estados Unidos, se anotó un aparente éxito que estamos seguros será pasajero ante las protestas y formas de organización”.

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