El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 318 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002.

Al fundamentar el proyecto de decreto, remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Luis Videgaray Caso (PRI) dijo que el dictamen no aprueba ni desaprueba la Cuenta Pública 2002, sino cumple con la obligación de revisar, señalar anomalías, deficiencias y proponer medidas, exhortos e instrucciones para no repetir errores del pasado.

Tampoco, añadió, se pretende establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, porque la Cámara de Diputados cumple con esa obligación a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual practicó 336 auditorías específicas y promovió tres mil 410 acciones correctivas por un monto de 72 mil millones de pesos.

Es de destacar, indicó, que el dictamen señala problemas graves y recurrentes en el gasto público federal 2002, fue un año de crecimiento de gasto corriente (6.5 por ciento) y solamente el rubro de erogaciones por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales creció 3.5 por ciento por arriba de la inflación en un año donde la economía no creció.

Mencionó que algunos programas sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacional Indigenista, no tuvieron ni objetivos ni indicadores estratégicos y ni metas; existieron deficiencias en la transferencia de recursos a las delegaciones de las dependencias federales, a los estados y municipios, así como subejercicios que se atribuyen a una deficiente programación financiera por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 2002, expresó, fue un año donde existió poca transparencia en el manejo de recursos públicos cuando estos se ejercieron a través de fideicomisos, como el Aduanas I, Fobaproa, Fondo de Estabilización Cafetalero o el Fideicomiso para los Ingenios Expropiados.

“Este dictamen que no aprueba la Cuenta Pública, lo que propone es instruir a la ASF para que informe de manera actualizada cuáles son los resultados de las correcciones y de las medidas preventivas que instruyó; actúe sobre la revisión de objetivos y programas sociales que no los tienen”.

Se hacen, resaltó, tres exhortos al Ejecutivo Federal: para que continúe reduciendo el gasto corriente; gire instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que ejerzan el gasto público conforme a lo aprobado y proporcione información sobre los recursos contenidos en los fondos y fideicomisos, que por no haber en 2002 la normatividad vigente no se informaron.

“El dictamen lo que intenta es ser una pieza más en el aprendizaje institucional, para que tengamos un mejor presupuesto y un mejor ejercicio del gasto: sabemos que existen deficiencias y 2002 fue un año de esas, por lo que corresponde a esta Legislatura mirar al pasado para aprender de los errores y no volverlos a cometer en el futuro”, añadió.

En los posicionamientos, el diputado Roberto Armando Albores Gleason (PRI) señaló que no es ajeno que la LXI Legislatura haya asumido su responsabilidad e iniciado la dictaminación de las Cuentas Públicas rezagadas desde 2002. “Los mexicanos debemos gastar mejor nuestros recursos para impulsar la competitividad y atender las demandas más sentidas”.

Se debe, agregó, evaluar su correcta aplicación y satisfacer la permanente exigencia de la sociedad de transparentar el destino público de los recursos federales. “La revisión de la Cuenta Pública 2002, plantea enormes problemas en la asignación y uso de los recursos públicos; si queremos mejorar como nación es preciso transparentar, evaluar y medir el presupuesto”.

El diputado Ramón Merino Loo (PAN) manifestó su apoyo al dictamen y, dijo, que la fiscalización y la transparencia de los recursos públicos son elementos trascendentales para el desarrollo y consolidaración de las instituciones democráticas y el mejoramiento de la eficiencia de las administraciones de todos los niveles de gobierno en el ejercicio de los recursos públicos.

“A esta legislatura le toca cerrar un largo proceso de revisión, análisis y discusión de la Cuenta Pública 2002; estamos a favor, ya que reconoce los logros alcanzados en las políticas públicas y porque estamos dispuestos a acatar las recomendaciones que se plantean a favor de mejorar el proceso presupuestario y la calidad del ejercicio en el gasto público”.

El diputado Vidal Llerenas Morales (PRD) resaltó que el dictamen a la Cuenta Pública 2002 señala los principales desvíos de gasto que existen. “Podemos discutir o no todo lo que sucedió mal, pero por lo menos tenemos hoy un instrumento en el cual se reflejan las principales desviaciones y lo que normalmente hace mal el gobierno en materia de gasto público”.

Añadió que el problema más serio se inscribe en que no se está haciendo nada y no se tiene un mecanismo para que el gasto público sea revisado en línea, “el problema más grave es que el Congreso no está tomando cartas en el asunto para hacer de la revisión de cuentas y fiscalización un mejor instrumento para que el gasto publico dé resultados”.

Del PVEM, el diputado Juan José Guerra Abud hizo un reconocimiento a la Comisión dictaminadora por abatir el rezago en la materia y expresó que su aprobación le permitirá al Ejecutivo tomar medidas correctivas y, al mismo Congreso, elaborar y autorizar mejores presupuestos.

Se manifestó a favor de que la ASF revise los objetivos, indicadores, metas y reglas de operación de aquellos programas sociales que continúan vigentes para verificar su efectividad y eficiencias actuales. “Hay programas que no deben fallar, el cuidado al medio ambiente es uno de ellos”.

Los diputados del PT, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña se pronunciaron en contra del dictamen, dado que rechaza la obligación constitucional que tiene la Cámara para revisar, fiscalizar y evaluar el contenido, las metas y logros de los programas que lleva a cabo el Ejecutivo.

Di Costanzo calificó el dictamen de “timorato y miedoso sino porque va en contra de la facultad de fiscalización, revisión y evaluación que se tiene”.

El documento indica que del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, se detectaron inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental por parte de las entidades fiscalizadas, siendo las más importantes las referentes a la base de registro, la revelación suficiente y el cumplimiento de disposiciones legales.

Menciona que los sectores: Energía, Ramo General 33, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, presentaron el mayor número de incumplimiento de los ordenamientos legales y normativos; por ello, se pide a la ASF revise si estas entidades han mejorado sus mecanismos y procedimientos de ejecución del gasto y, en su caso, la captación del ingreso, con el fin de observar estrictamente el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas.

Los ramos generales y sectores a los que les fueron formulados un mayor número de observaciones fueron: Ramo General 33, sectores de Energía, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente.

Por ente auditado destacan con más observaciones: la Secretaría de Educación Pública, Pemex Refinación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad.

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