La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución, con el propósito de buscar que ante la omisión o negativa del Ejecutivo federal para publicar proyectos de ley o decreto, en un plazo de 30 días naturales siguientes a su recepción, el presidente de la Cámara de origen pueda ordenar la publicación de la ley o decreto de que se trate.

La diputada precisó que con las modificaciones también se establecerán reglas más ágiles, sobre todo cuando las cámaras no logren acordar la totalidad de algún texto, en un proyecto de ley o decreto.

“Se plantea que sea el legislador que preside la Mesa Directiva de la Cámara de origen, ya que es a esa Cámara a quien el Ejecutivo federal debe devolver el proyecto con sus observaciones, si las tuviere”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley General de Banca de desarrollo

A fin de crear directrices que guíen las políticas financieras y detonen el crecimiento y desarrollo para una mejor justicia social, el diputado Armando Ríos Piter (PRD) propuso expedir la Ley General de Banca de Desarrollo.

Con esta normatividad, se busca enfatizar que los recursos para proyectos sean dirigidos al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, “las cuales representan 90 por ciento de las empresas en México y generan 72 por ciento del empleo formal”.

Explicó que actualmente estas empresas están limitadas para su crecimiento y competitividad por el bajo acceso a medios de financiamiento y otros instrumentos que les permitan potenciar y mejorar sus actividades.

Esta iniciativa, dijo, pretende lograr una real inclusión financiera, “actualmente el 72 por ciento de la población no está bancarizada; sólo 6 por ciento de la población rural tiene acceso a algún tipo de servicio financiero formal; y únicamente 48 por ciento de los municipios cuenta con algún tipo de servicio financiero disponible”.

Se envió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fijar precios de combustibles

Con el propósito de fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados para evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, la atribución de establecer de manera arbitraria los precios de los combustibles, el diputado Pedro Jiménez León (Convergencia) propuso reformar el artículo 74 Constitucional, el 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Con las modificaciones se facultaría a la Cámara de Diputados para que sea la responsable de fijar los precios de las gasolinas y el diesel, escuchando la opinión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El legislador explicó que en un ánimo de fortalecer la transparencia, la determinación de los precios contaría con la asesoría de las instituciones de educación superior, tanto de universidades públicas como privadas, para su revisión técnica. Se remitió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Energía.

Regular la oferta educativa privada

El diputado Arturo Vázquez Aguilar (NA) presentó una iniciativa que reforma los artículos 5 y 13 y adiciona un artículo 12 Bis a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de regular la planeación de la oferta educativa de las instituciones de educación superior particulares.

En tribuna, el legislador subrayó que pese a los esfuerzos de la SEP por modernizar y adaptar el proceso de registro a la realidad que viven las universidades privadas, a través de la redefinición de funciones, presupuesto, equipo, personal capacitado para el análisis, evaluación e inspección, no se ha logrado garantizar la calidad educativa de esas instituciones. Se canalizó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Apoyo social a ex braceros

La Cámara de Diputados conoció una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición, a los ex braceros, o en su caso cónyuges, concubinas, hijos, hijas o legítimos herederos que sobrevivan.

La iniciativa, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, explica que en 2009 se modificaron las reglas de operación y se estableció un pago de 38 mil pesos, a cubrir en parcialidades de cuatro mil pesos.

Entre las reformas a esta Ley destaca la del artículo 3°, para establecer que en el Comité Técnico del Fideicomiso habrá un representante del Poder Legislativo como observador e invitado permanente; “en este caso será el presidente y alguno de los secretarios de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros”. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la de Hacienda y Crédito Público.

Semáforo de información nutricional

En tanto, la diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) presentó una iniciativa que reforma las leyes General de Salud, de Productos Orgánicos, y Federal de Protección al Consumidor, para que la imagen del etiquetado lleve los colores de un semáforo (verde, amarillo o rojo) de acuerdo a la cantidad de grasas, grasas saturadas, azúcares y sales.

Asimismo, pretende regularizar las porciones, ya que los niños en este país consumen la misma cantidad grasa, azúcar y sal que un adulto, siendo que los metabolismos son completamente diferentes.

Precisó que con la propuesta de etiquetado, el Estado mexicano estaría dando respuesta a diversas obligaciones con los ciudadanos para la protección del derecho a la salud, el derecho a tener información completa sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas y el derecho de protección de los consumidores.

“De quedar las cosas como están, estaríamos bajo un régimen de inacción del Estado que nuestro tribunal constitucional condena en todos los antecedentes presentados”. Se envió a las Comisiones de Salud, Agricultura y Ganadería y de Economía.

Apoyos que fomenten productividad acuícola

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (PRI) propuso reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de que sea el Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca y la Acuacultura (Propesca), el instrumento a través del cual se otorgará un apoyo económico por pescador que se encuentre en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.

Estos recursos serán dirigidos para incentivar la competitividad y la productividad de los pescadores de las zonas con mayor índice de marginación, con el afán de dotarlos de recursos que puedan aplicar para la compra de mejores artes de pesca, dar mantenimiento a sus embarcaciones. Se envió a la Comisión de Pesca.

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para el próximo martes 27 de abril a las 11:00 horas.

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