• Por separado, escucharon las respectivas posiciones para coadyuvar en una solución al conflicto

El Grupo Plural para dar Seguimiento al Conflicto existente entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno Federal se reunió por separado con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, y el dirigente sindical Martín Esparza Flores, a fin de contar con datos precisos que coadyuven a acelerar la solución a este asunto.

El presidente del grupo de trabajo, diputado Amador Monroy Estrada (PRI), señaló que les gustaría no sólo tener números, también conocer más datos para compararlos con la reconversión laboral.

“Queremos saber quiénes y cuántos son los capacitados de los que han sido liquidados, la recontratación, la constitución de las empresas que han conformado los trabajadores despedidos, quiénes se han beneficiado con las franquicias; porque el gobierno menciona una cifra y el Sindicato Mexicano menciona otra”.

Añadió: “esto es nada más con la intención de que nosotros tengamos datos más fehacientes y los crucemos con el informe que de la otra parte encontramos y podamos ver, no quién miente, sino quién está en el error”.

Durante la reunión, el diputado Armando Jesús Báez Pinal (PRI) dijo que los sindicatos que tienen que ver con el gobierno están desapareciendo la contratación colectiva. “Hay trabajadores que tienen más de 20 años que esperaban jubilarse, que han dejado su vida ahí dedicados al rol de generación de luz pero pertenecientes a una compañía”.

Respecto de la contratación que realizará la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de algunos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza cuestionó el tipo de prestaciones sindicales que se les daría y las razones para no hacer un contrato colectivo.

El diputado Cruz López Aguilar (PRI) mencionó que el problema debe ser resuelto políticamente, “tiene que haber disposición y voluntad; este asunto de la contratación individual versus colectiva deja algunas consideraciones que se deben hacer; me parece que no lo estamos atendiendo”.

A su vez, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) señaló que el tema de la relación laboral y el contrato colectivo, “son de otra naturaleza y corresponde a un contexto de controversia jurídica, el cual tendría que determinar una autoridad distinta”.

“No es un conflicto menor, es un tema que nos reúne a los diputados y líderes muy destacados de diversas organizaciones, por lo que hemos visto de parte del gobierno federal, seguirá aportando elementos para poder llegar a la total solución de este conflicto”.

Pérez Cuevas puntualizó que mucho de lo que se ha contratado de manera particular y que han estado dentro del esquema de Luz y Fuerza del Centro se integran por decisión a uno de contrato colectivo.

Recalcó el compromiso del grupo de trabajo para tender puentes entre las partes, “pero más allá de eso, llegó el momento de buscar mecanismos para que puedan estar sentados a la mesa y encontrar mecanismos de solución de este conflicto”.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (PAN) dijo que pretender que la solución al conflicto del SME sea mediante la reinstalación de la relación laboral implica que ipso facto se dé también la reinstalación de la empresa.

En este sentido, dijo que los esfuerzos del gobierno, aunque son razonables, debe incrementarlos al mayor nivel posible para dar solución a este asunto de la mejor manera.

En su oportunidad, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) se pronunció por acelerar los contactos con el gobierno y dar una salida que responda a este conflicto. “Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que este grupo viera rápidamente con la Segob y pudiéramos plantear las opciones de solución que nos proponen los compañeros electricistas”.

Aseguró que la reunión de trabajo con el subsecretario representa un avance en la solución del conflicto, sin embargo, no deja de ser sólo un esfuerzo en torno a un evento que comenzó en noviembre de 2009 y en el que se ha presentado solución a dos mil de los 44 mil trabajadores. “Al paso que vamos se va a llevar años la solución; el problema amerita un esfuerzo mucho mayor”.

Cuestionó al funcionario en torno a las versiones que se difunden sobre la solución del conflicto. “Se habla de poder resolverlo a través de la recontratación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Se menciona también de mantener al sindicato vigente, habría que hablar con la CTM y el SUTERM para que el acuerdo fuera posible”.

En tanto, el diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD) dijo que de los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas hay 16 mil que no se han liquidado, “y como lo estamos oyendo, en las calles siguen luchando; están preparando una huelga de hambre colectiva”.

Por ello, se pronunció por encontrar un mecanismo de solidaridad que conjugue las dos posiciones del conflicto. “El conflicto sigue, al escuchar todos los datos que nos dan, no hay ningún punto de acuerdo y si esto es así el problema va seguir”.

En su turno, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) se pronunció a favor de que siga habiendo apertura política por parte del gobierno de sentarse a una mesa de negociación. “Este camino es un punto de equilibrio, no solamente entre los trabajadores y el gobierno sino entre el Ejecutivo y el Legislativo”, subrayó.

Cuestionó si el gobierno estaría abierto a entender una lógica del Congreso y establecer una solución que no fuera sólo la individual a los conflictos, sino rescatar principios constitucionales y poderes fundamentales del Estado.

Expresó que el problema central es la vigencia del derecho colectivo de trabajo que se encuentra protegido por la ley, ya que, dijo, es un derecho constitucional y humano.

Afirmó que con el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se violaron todas las prácticas y normas de la relación colectiva de trabajo. “El sindicato es un ente público protegido por todas las convenciones internacionales, por lo que no hay inconveniente que CFE tenga un contrato colectivo con el SME”.

Subsecretario de Gobernación

Ante diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran el grupo, el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, calificó de falsas las afirmaciones de que exista la posibilidad de que los ex trabajadores de LyFC sean integrados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que dicho organismo no realiza las mismas actividades que hacía tal dependencia. “La vocación natural de ellos puede estar en otro lado”.

Afirmó que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue una decisión apegada a derecho, “en términos de facultades constitucionales y legales”.

Explicó que tuvo como propósito responder al interés público; no obstante, precisó, el gobierno de la República está consciente de que esto ha generado una problemática laboral que es necesario atender.

“El Ejecutivo federal no va a obviar su responsabilidad en la construcción de alternativas de desarrollo para estas personas”.

El funcionario dijo que hasta la fecha se han liquidado 28 mil 990 trabajadores; es decir, el 65.1 por ciento del total de trabajadores de LyFC, de aproximadamente 44 mil 514.

Estableció que la plantilla de LyFC tenía una diversidad muy amplia en términos de capacidades, “especialización que también pueden ser utilizados en otros mercados”.

Al ser cuestionado por los integrantes del grupo de trabajo, Gil Zuarth argumentó que a fin de ampliar las capacidades profesionales de los ex trabajadores de LyFC se implementaron procesos de capacitación, certificación y promoción.

“Se instituyó un programa emergente de capacitación para la reconversión laboral, que ha implicado en su última etapa a poco más de ocho mil 64 ex trabajadores; es decir, que han pasado por este proceso y están en una bolsa de trabajo que ya empieza a generar resultados”.

El subsecretario señaló que de las 28 mil 990 solicitudes recibidas de trabajadores liquidados que se acercaron a una mesa de opción de recontratación el 55 por ciento tiene menos de 10 años de antigüedad y sólo 16 por ciento tenía una antigüedad mayor a 20 años.

Abundó que es necesario generar opciones productivas y laborales para los jóvenes y que se está trabajando para que el apoyo adicional en la liquidación compense la antigüedad acumulada.

Reconoció que aunque fue una decisión difícil no se puede resolver un problema agravando otro. “La solución debe ser muy cuidadosa porque pudiéramos caer en la tentación de recurrir a soluciones que se ven sencillas, pero que al final de cuentas germinen en problemas mayores para las futuras generaciones”.

Agregó que por el momento están suspendidas las liquidaciones, lo que representa un elemento útil para generar dinámicas de negociación y de encuentro.

Dijo que además del debate político y la discusión jurídica respecto a la constitucionalidad del decreto de extinción y los alcances en materia laboral, hay un “inconveniente moral de asumir como salida la recontratación o contratación colectiva de los que no se han liquidado”.

Secretario general del SME

Por separado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, pidió a los legisladores exhortar al gobierno federal para que cese su campaña de criminalización del movimiento.

Mencionó a los legisladores que el Comité Central de esa organización ha sido objeto de una campaña permanente, incluso, aseveró, se han abierto averiguaciones previas y girado órdenes de aprehensión a partir del proceso del Decreto que extingue a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Existen, manifestó, bastantes averiguaciones previas y órdenes de aprehensión giradas en contra del Comité Central y más recientemente, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ha enviado una serie de datos de ingresos anuales a los trabajadores que han decidido no aceptar la liquidación y son obligados a pagar los impuestos correspondientes.

“Qué bueno que lo que manda el SAE a la Secretaría de Hacienda fuera lo que hubiéramos ganado cada año. Por ejemplo, señala que un trabajador supuestamente percibió 529 mil pesos hasta el mes de octubre y lo obligan a que haga su declaración para pagar arriba de 44 mil pesos de impuestos. En esa situación estamos todos los que no nos hemos liquidado y en términos de la ley, se dan los embargos y en su caso la cárcel”.

El líder del SME entregó a los legisladores un expediente con la documentación y requerimientos enviados por la Secretaría de Hacienda al Comité Central de ese sindicato.

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