• El diputado Agustín Castilla pide aplicar programas para evitar intervención del crimen organizado en procesos

A fin de que los gobiernos estatales y los institutos electorales locales, en donde se celebrarán elecciones, implementen en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral acciones en contra de la violencia y posible intervención del crimen organizado en los procesos, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) presentó un punto de acuerdo.

El integrante de la Comisión de Gobernación refirió que en este año se celebrarán elecciones en 15 estados del país, para renovar mil 637 cargos de elección popular, es decir, 12 gubernaturas, mil 119 ayuntamientos y 506 diputaciones locales, y que se convocará al 40.13 por ciento de la lista nominal de electores a nivel nacional.

Denunció que en estos 15 estados se ha concentrado el más alto índice de violencia en el país: “el registro de ejecuciones derivadas del crimen organizado indican que estas entidades federativas acumulan el 62.3 por ciento de las ejecuciones registradas en el territorio mexicano entre 2007 y 2009, es decir, 8 mil 769”.

Castilla Marroquín mencionó que los estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango son considerados los más violentos al sumar mil 512 ejecuciones, lo que representa más de la mitad de las registradas en todo el territorio nacional durante el primer trimestre de 2010.

La violencia en algunas entidades federativas, como Oaxaca y Tamaulipas, ha llegado al extremo de obligar al Instituto Federal Electoral a cerrar las puertas de sus juntas distritales y suspender trámites al público en general por la inseguridad imperante en la zona.

“El clima de violencia exige a los tres niveles de gobierno realizar un frente común, ya que si bien no hay datos precisos sobre la incursión del crimen organizado en las campañas electorales, lo cierto es que muchas zonas del territorio que abarcan estos 15 estados con proceso electoral, se encuentran en alerta máxima ante la violencia generalizada y sistemática del crimen organizado”.

Añadió que el hecho de que candidatos y sus familias sufran algún tipo de amenaza o daño a su integridad física pone en riesgo el normal desarrollo de los procesos electorales, incluso pudiendo definir el resultado de las elecciones, de ahí la importancia de que las autoridades protejan a los candidatos de estas amenazas.

El diputado enfatizó que el latente riesgo de que el crimen organizado interfiera directamente en las contiendas electorales puede implicar que impongan candidatos, intimiden a los contendientes que no son de su preferencia, o financien con recursos ilícitos determinadas campañas, favoreciendo a sus aspirantes y definiendo el resultado de la contienda electoral.

Por ello, se manifestó para que la participación de las autoridades locales contribuya a la distensión del ambiente violento en las contiendas electorales y tomen las medidas necesarias para que la ciudadanía tenga la certeza de que se celebrarán elecciones seguras, pacíficas y apegadas a derecho.

“La importancia de alejar la violencia de los procesos electorales radica en otorgar certeza, seguridad y confianza al electorado, pero sobre todo se debe garantizar la tranquilidad y el orden social apegado a la norma electoral en vísperas de los procesos que tendrá lugar en diversas entidades federativas”.

El documento fue canalizado a la Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales.

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