El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, diputado Arturo Santana Alfaro (PRD), consideró que las propuestas de ley en materia de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, presupuesto participativo y la creación de una contraloría social, no serán posibles sin antes elaborar las bases constitucionales que permitan acceder a este tipo de ordenamientos.

Durante la inauguración del foro internacional, “Políticas Públicas que Fomentan la Participación Ciudadana en los Países Desarrollados”, el legislador señaló que si no se crean desde el Congreso las bases jurídicas que permitan acceder a una democracia participativa entonces “permaneceremos en el escenario de una democracia participativa a medias”.

Ante ello, resaltó que la Comisión está “haciendo grandes esfuerzos para lograr reformas sustanciales que permitan crear leyes secundarias que tengan por objeto lograr una comunicación e interrelación directa entre la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno.

“Se han adelantado algunos legisladores y legisladoras en proponer leyes en materia de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, leyes de presupuesto, incluso hasta una contraloría social, pero no podemos acceder a este tipo de propuestas de participación ciudadana sin un marco jurídico sólido que emane desde la Constitución”, puntualizó.

Santana Alfaro explicó que actualmente hay una participación ciudadana muy limitada debido a que no existe en el marco jurídico la posibilidad de abrirla a todos los habitantes de la República Mexicana.

Por su parte, la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) se pronunció a favor de que el Estado, el Poder Ejecutivo y el Legislativo favorezcan, faciliten e incentiven la participación ciudadana, ya que, dijo, en México existe una organización civil por cada 40 mil habitantes.

En este sentido, consideró que el progreso de un país se construye cuando existen dos condiciones: gobiernos pequeños y eficientes, así como una sociedad organizada, fuerte, responsable, actuante y unida para solucionar problemas comunes.

“No hay nada más efectivo que un grupo de ciudadanas y ciudadanos con convicción genuina, que detectan algún problema y se agrupan para solucionarlo”, subrayó.

En los países más desarrollados las organizaciones civiles tienen un papel protagónico en la construcción del progreso, son por ese motivo sociedades más justas e igualitarias, añadió.

En tanto, Ana María León Miravalles, directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), informó que en la Cuenta Pública de 2009 el total de apoyos y estímulos que se entregaron a las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno federal fueron 3 mil 199 millones de pesos.

Sin embargo, señaló que es necesario trabajar en una agenda amplia para diseñar e instrumentar un marco institucional y una política pública de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, como un requisito fundamental para la construcción conjunta de un México más próspero y democrático.

Por ello, indicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben fomentar la asociación, autonomía y sustentabilidad de las organizaciones civiles.

Asimismo, en la armonización de diversas leyes para garantizar un verdadero ambiente donde puedan florecer las actividades de organizaciones. “Es fundamental promover la participación de las organizaciones civiles en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas”.

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