Durante la sesión de hoy, el Pleno avaló por 352 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de que los hijos de mujeres reclusas dispongan de servicios de alimentación, salud y educación hasta los seis años.

En tribuna, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) subrayó que en promedio 33 mil infantes viven en reclusión con sus madres en algún centro penitenciario del país; al estar con ellas carecen de los espacios necesario para un óptimo desarrollo, además de no contar con servicios médicos y educativos adecuados.

Destacó que la actual legislación no plantea las condiciones y la temporalidad en las que se atenderá a los hijos de madres que purgan alguna sentencia.

Manifestó que es fundamental adoptar mecanismos para garantizar la protección plena de los derechos de las niñas y niños y, a su vez, les brinde a las internas un trato digno, mediante instalaciones adecuadas y con personal calificado.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública detalló que en el país sólo 12 centros penitenciarios son exclusivos para mujeres, el resto únicamente cuenta con un anexo.

Por ello, dijo, se busca que las reclusas estén en lugares separados de los hombres y cuenten con la infraestructura básica, información y personal capacitado para el cuidado de los hijos que permanezcan con ellas.

Precisó que se requiere dotar de los servicios necesarios para garantizar el desarrollo integral de los menores que están recluidos junto a sus madres, mientras ellas purgan su condena.

“Así como adecuar el marco jurídico a la realidad social para garantizar el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales de este grupo, por lo que es necesario implementar mecanismos para que accedan a atención médica especializada y permanente, centrada en la prevención y no sólo en casos de emergencia”.

La diputada Aguirre Maldonado aclaró que el Estado tiene la responsabilidad y obligación de garantizar a las niñas y niños su seguridad y bienestar, así como formular políticas penitenciarias que preserven los espacios correspondientes y hagan posible el desarrollo integral de los menores que viven con sus madres reclusas.

“Las modificaciones también están orientadas a que en los centros de reclusión se brindará la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante y después del embarazo”, sentenció. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

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