La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y de Defensa Nacional la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de otorgar certeza jurídica y operatividad a la Fuerza Armada Permanente ante el combate a la delincuencia organizada.

El documento menciona que en las tareas de auxilio de la Fuerza Armada, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política.

Se incluye el concepto de Seguridad Interior definiéndola como la condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural.

La Defensa Exterior es señalada como las acciones de legítima de defensa que el Estado realiza a través de su Fuerza Armada Permanente, para salvaguardar la integridad territorial, independencia y soberanía respecto de otros países, sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales.

Indica que el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y será entonces cuando pueda disponer de la Fuerza Armada para que actúe en auxilio de las autoridades civiles competentes que así lo requirieron.

La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación, y en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y las garantías establecidos en la Constitución Política.

Añade que el personal de las instituciones de seguridad pública y de las que conforman la Fuerza Armada, dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas.

También se establece la obligación del Congreso de la Unión para emitir la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza en un plazo no mayor a doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Sonora

De la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora se recibió contestación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al fortalecimiento de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito, mediante los cuales se brinda atención especializada a mujeres en crisis y actos de violencia.

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