La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada María Yolanda Valencia Vales (PAN), aceptó que la falta de un diseño institucional apropiado tiene como principal consecuencia el elevado número de crímenes en contra de quienes practican dicha profesión.

Destacó que la ciudadanía exige a los legisladores una actitud más activa, por lo que propuso “legislar para dotar a la fiscalía de elementos de acción más eficaces, más corresponsables”.

Al reunirse con el fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Gustavo Salas Chávez, la legisladora indicó que los diputados comparten la genuina preocupación por revertir los altos índices de agresiones hacia este gremio.

“Es impostergable que la fiscalía que usted dirige establezca estrategias claras y precisas que prevengan, investiguen y, sobe todo, castiguen las agresiones contra periodistas; la sociedad así lo demanda y es nuestro deber como servidores públicos dar respuesta”.

En reunión de trabajo con el funcionario, los integrantes de este órgano legislativo le solicitaron mantener abiertas las vías de comunicación, a fin mantener un diálogo continúo.

Pidieron que la fiscalía especial envíe información, con el propósito de darle una respuesta oportuna a las víctimas de los agravios y así ellos conozcan el status de la indagatoria.

En su oportunidad, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) dijo que el hecho de tener una fiscalía especial refleja que existe una situación extraordinaria, “los mecanismos con los que cuenta el Estado y sus instituciones para atender problemáticas delincuenciales son insuficientes”.

Subrayó que “esta fiscalía se crea el 15 de febrero de 2006, pero hasta la fecha no aparece en el organigrama de la PGR, lo que nos da una idea de la valoración que se tiene desde la propia institución; no tiene presupuesto, son cosas que tenemos qué ver”.

El legislador precisó que para contar con un instrumento que ayude a dar resultados positivos se requiere una fiscalía con recursos. “Es ahí donde nosotros podemos ayudar, como lo planteaba la presidenta parte del trabajo compartido es asignando presupuesto”.

Se requiere, manifestó, contar con una fiscalía que tenga bajo su mando un equipo amplio para poder llevar adelante las tareas. No podemos caer en una situación en la que se exigen muchos resultados pero no se tiene con qué lograrlos.

En su oportunidad, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) enfatizó que es necesario entregar resultados positivos a la ciudadanía y no seguir dando el mensaje de que gana la impunidad.

Pidió al funcionario entregar un calendario de trabajo, en el cual se incluya la entrega de un diagnóstico de la situación que enfrentará la Fiscalía y los métodos a realizar.

En respuesta, Gustavo Salas Chávez comentó que en México se vive un problema extraordinario que no se debe soslayar, afirmó que es tiempo de pensar en medidas de excepción donde no se vulneren las garantías de los mexicanos, “pero sí tengamos mecanismos procesales para quienes atenten en contra de los periodistas.

El tema, continuó, es atender esta problemática de manera integral, la parte que le corresponde a la Fiscalía y que es la manera que veo que pudiéramos empezar a dar resultados es en dos sentidos; uno, nosotros nos visualizamos como una fiscalía proactiva, donde se prevenga la muerte de los reporteros.

“Para ello hay que pensar en recursos para crear Comités de Protección a Periodistas, donde se destinen partidas presupuestales específicas para el diseño, desarrollo y estructura de unidades de protección”.

En estos comités, agregó, también se debe contemplar la seguridad de los familiares; que cuesta dinero, claro que cuesta y el Estado debe destinarlos, sobre todo para el despliegue táctico.

Salas Chávez argumentó que la parte de la prevención debe estar basada en el planteamiento de explorar fórmulas que hayan servido en otras latitudes, “evidentemente adaptándolas a la realidad mexicana”.

Abundó que ese tema es competencia del Poder Legislativo, “cuidando que no se caiga en el ámbito de que no es una protección de las libertades públicas, por el contrario, lo vean como un mecanismo de control social en un marco inadecuado y fuera de un contexto estrictamente constitucional”.

El fiscal explicó que la dependencia a su cargo se encuentra diseñando un sistema de alerta temprana, “bajo ciertas circunstancias y parámetro, a partir de mecanismos electrónicos, donde la información nos llegue, incluso, a través de las propias organizaciones”.

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