La Comisión de Economía, que preside el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), aprobó en lo general con 20 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Durante una reunión de trabajo, el legislador señaló que el objetivo es definir los parámetros fundamentales para que los actores se ajusten a las reglas de juego sin privilegios.

Con esta reforma, la Comisión Federal de Competencia queda como órgano desconcentrado y se le dota de mayor autonomía para temas que involucran derechos fundamentales que requieren estricto balance de poderes.

Se introducen sanciones económicas y se cambia la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, con lo que se incrementa sustancialmente la misma, homologándola con los sistemas de competencia internacionales más estrictos.

Entre otras sanciones propone multa hasta por el equivalente a 175 mil veces el salario mínimo por declarar falsamente o haber entregado información falsa; multa de hasta 10 por ciento de los ingresos del agente económico por incurrir en práctica monopólica absoluta y ocho por ciento, si la práctica monopólica es relativa; multa hasta por el equivalente a cinco por ciento de los ingresos del agente económico por no notificar la concentración cuando legalmente debió hacerse.

Además, sanción económica por el equivalente a 200 mil veces el salario mínimo a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas en representación o por cuenta y orden de personas morales y hasta 180 mil salarios mínimos a quienes coadyuven, propicien, induzcan o participen en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

En lo que hace al Código Penal Federal, se propone castigar con prisión de 3 a 10 años a quien incurra en prácticas monopólicas.

Con ello se busca establecer en el marco regulatorio elementos disuasivos con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas y se reduzcan los incentivos para los agentes económicos a impedir la competencia y la libre concurrencia.

Se aclaran los programas de inmunidad y reducción de sanciones a fin de que, en el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, los agentes puedan acercarse a la Comisión con el compromiso de restaurar el proceso de libre concurrencia, recibiendo una sanción menor o, en el caso de prácticas monopólicas absolutas, cualquier persona que haya participado, coadyuvado, inducido o propiciado una, pueda reconocerla ante la Comisión con el beneficio de no ser sancionado.

En materia de fortalecimiento institucional, se impulsa un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior del órgano regulador, en el marco de la relación entre el Secretario Ejecutivo, los Comisionados y el Comisionado Presidente, bajo un esquema de pesos y contrapesos.

Se dota de mayores facultades al Pleno de la Comisión en investir de una mayor capacidad investigadora al Secretario Ejecutivo y en la creación de la figura del Comisionado Ponente.

En materia de transparencia, rendición de cuentas y simplificación, se establecen los rubros mínimos a los que deberá referirse el informe anual de la Comisión, así como la fecha límite para su presentación, lo que permitirá tener un conocimiento más preciso respecto del funcionamiento, resultados y eficacia del órgano encargado del combate a los monopolios.

Además, a fin de dar la mayor certeza jurídica a los agentes económicos, se obliga a que la Comisión Federal de Competencia expida criterios técnicos sobre temas relevantes para la aplicación de la Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional, con el objetivo de asegurar que los sujetos a dicho cuerpo normativo tengan el mayor conocimiento sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el marco jurídico correspondiente.

En este sentido, se simplifica el procedimiento para notificar concentraciones, así como la excepción de dicha obligación para aquellas operaciones corporativas que no implican una amenaza a la competencia y la libre concurrencia para elevar la competitividad del país.

Con esta reforma se busca asegurar una mejor inserción de México en los mercados globales; mayor capacidad de los empresarios para competir dentro y fuera del país y generar más y mejores empleos bien remunerados.

Se indica en el dictamen que esta reforma, como parte sustantiva de la del Estado, es indispensable para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país, y debe acompañarse por el diseño de una política de desarrollo industrial, y las reformas fiscal, laboral y educativa para garantizar sus mayores alcances y propósitos.

-- ooOoo --