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Boletín N°. 1549 Presentan diputados de cinco partidos reformas a la Ley Federal de Presupuesto

En la sesión de hoy se dio a conocer una iniciativa firmada por diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y Convergencia para reformar el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que en el informe trimestral que presenta el Ejecutivo al Congreso de la Unión, contenga el origen, ejercicio y destino detallado de los recursos provenientes de multas o sanciones económicas previstas en las leyes federales.

La iniciativa enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala que es indispensable que en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que el Ejecutivo Federal presenta, se incluya un apartado en donde se detalle el destino de estas multas y sanciones.

Subraya que el uso de los recursos por multas o sanciones económicas debe ser totalmente claro y no debe menospreciarse, ya que de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 los ingresos por multas ascenderán a mil 149.7 millones de pesos, lo que representa el presupuesto ejercido durante el 2009 para los programas de Empleo Temporal y de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable. También equivale al 92 por ciento del presupuesto de la Secretaría de la Función Pública para el presente año.

Afirma que la transparencia en el uso de estos recursos asegurará que sean destinados al fin que por ley les ha sido conferido; favorecerá el análisis sobre el mejor uso de éstos; evitará que existan subejercicios; dará certidumbre a los agentes sobre las implicaciones de estas multas, y, en suma, generará mayor rendición de cuentas de sus ejecutores.

La reforma la firman los diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jorge Juraidini Rumilla (PRI), César Daniel González Madruga, Nancy González Ulloa (PAN), Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter (PRD), Alberto Cinta Martínez (PVEM) y María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia).

Estímulo fiscal por inversiones en turismo cultural

A fin de disminuir la carga fiscal para las inversiones enfocadas al turismo cultural, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR que realicen inversiones destinadas a este sector, los diputados Rolando Zapata Bello (PRI) y Liborio Vidal Aguilar (PVEM) plantearon reformar el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Precisa que el estímulo fiscal tiene el objetivo de fomentar la actividad económica relacionada directamente con el turismo cultural, a través de la deducción de un porcentaje de 69 por ciento a quienes realicen inversiones en inmuebles destinados a la prestación de servicios turísticos culturales.

La propuesta tiene la finalidad de generar una mayor derrama económica en torno a los espacios considerados como patrimonio de la nación o de la humanidad, lo que contribuirá con una reactivación económica mas acelerada tomando de eje fundamental a la actividad turística. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Accesos para las personas con discapacidad.

Las diputadas Claudia Edith Anaya Mota (PRD), Yolanda de la Torre Valdez (PRI) y el diputado Agustín Torres Ibarrola (PAN) presentaron una iniciativa que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y el artículo 7 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, con el objetivo de que las instalaciones cuenten con accesibilidad para las personas con discapacidad.

La reforma plantea que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con instalaciones que satisfagan las condiciones de accesibilidad y desplazamiento para personas con discapacidad. Así como, que los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, en el caso de educación inicial y de preescolar deberán, contar con accesibilidad para personas con discapacidad.

Además, que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir con accesibilidad para personas con discapacidad. Se envió a la Comisión de Educación Pública.

Acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales propusieron reformar el artículo 4 y 27 de la Constitución Política para que el Estado garantice el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

El documento señala que el Estado tiene la imperante obligación de establecer los mecanismos necesarios para proveer un sistema alimentario, que permita a la sociedad su sano desarrollo. Por ello, debe implementar políticas que aseguren la producción, el abasto y la calidad de los alimentos de manera oportuna, a fin de superar la crisis alimentaria.

Asimismo, se plantea que el Estado al promover las condiciones para el desarrollo rural integral, éstas tendrían como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley Aduanera

La Comisión de Hacienda y Crédito Público analizará la iniciativa de nueve diputados del grupo parlamentario del PRI que adiciona el artículo 152 Bis a la Ley Aduanera, a fin dar solución a la necesidad de establecer plazos pertinentes, para el caso de las mercancías de difícil identificación.

La adición consiste en que cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visita domiciliaria, sea necesaria la toma de muestras de las mercancías a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, y no proceda el embargo precautorio, la autoridad aduanera realizaría el análisis y dictamen conducentes, en un plazo no mayor de un mes.

Cuando se proceda a la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, a la imposición de sanciones, se notificarán al interesado, mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que dieron lugar a la determinación y sanción consecuentes, dentro del plazo de cuatro meses.

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