A fin de impedir el crecimiento acelerado de los precios, el diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI) planteó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Federal de Competencia Económica.

Propone que el Estado vigile que el precio de adquisición de los productos de la canasta básica no se incremente en porcentajes superiores al índice nacional de precios al consumidor al año, estableciendo en la ley y en los reglamentos correspondientes sanciones severas, incluyendo la clausura por causas de interés social y público. Además, con base en la perspectiva económica anualizada publicaría en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre de cada año, el precio máximo autorizado para cada uno de los artículos de dicha canasta.

Establecer en la Ley Federal de Competencia Económica que el Ejecutivo federal publicaría, a más tardar el 31 de diciembre, el precio máximo autorizado para los artículos de la canasta básica, tomando en consideración que no supere la expectativa de incremento del índice nacional de precios al consumidor, pudiendo incorporar otros bienes que mejoren la economía y el bienestar popular. Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Economía.

Que la CNDH presente denuncias ante el MP en nombre de quejosos

El diputado Martín García Avilés (PRD) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que la propia Comisión, cuando advierta la realización de un delito derivado de una queja presentada por un particular, proceda de oficio y a nombre del quejoso a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Explicó que la denuncia se llevará a cabo independientemente que el sujeto activo del delito sea un servidor público o no. Asimismo deberá ser presentada por escrito y con estricto apego a derecho.

“Máxime tratándose de personas que pertenezcan a un sector considerado como grupo vulnerable, como son, menores de edad, indígenas, incapaces, de evidente escasos recursos económicos y culturales o que por su ignorancia del tema no estén conscientes de que han sido víctimas de un delito o bien desconozcan la competencia de la autoridad”.

Tiraderos especializados para residuos tecnológicos

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se remitió la iniciativa de los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM) y Agustín Torres Ibarrola (PAN) que reforma los artículos 5, 19, 31, 65 y 67 de la Ley General para la Prevención Integral de Residuos.

Propone que los residuos tecnológicos se destinen a tiraderos especializados, los cuales deberán ser supervisados por las autoridades competentes; bajo ninguna condición podrán ser incinerados; y por ninguna razón se autorizaría su importación.

La distancia mínima de las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos, respecto de los centros de población, debería ser no menor a cinco kilómetros, y al establecerse su ubicación se requeriría tomar en consideración el ordenamiento ecológico del territorio y los planes de desarrollo urbanos aplicables.

“Tener rellenos especializados en el manejo de residuos tecnológicos permitirá disminuir el impacto ambiental, daños a la salud, pero también posibilitará tener un mejor aprovechamiento de piezas y electrónicos que pueden aún ser utilizados por un nuevo periodo”.

Bioenergéticos

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) planteó modificar diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a fin de promover la separación de éstos y la industria alimentaria.

Plantea que en el artículo 2 la definición de bioenergéticos sea más general; para distinguir claramente entre los bioenergéticos de primera, segunda y tercera generación y por último, para eliminar la redacción actual que indica que los insumos de los bioenergéticos provienen solamente de las actividades agropecuarias y forestales.

En el artículo 11, a fin de que los permisos requeridos para producir bioenergéticos a base de maíz se amplíen a todos los bioenergéticos de primera generación, quedando exentos los de segunda y tercera generación. Mientras que el artículo 18, para que los incentivos y apoyos en infraestructura estén dirigidos a los bioenergéticos de segunda y tercera generación. El artículo 19, para priorizar los bioenergéticos de segunda y tercera generación en los apoyos de investigación científica y tecnológica.

Infraestructura aproveche el agua pluvial

El diputado Rafael Pacchiano Alamán (PVEM) propuso reformar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para que la nueva infraestructura escolar que se construye cumpla con calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, así como con diseños que aseguren la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, control y aprovechamiento del agua pluvial así como su tratamiento, reciclaje y reuso.

La iniciativa tiene el propósito de que los estudiantes cuenten con infraestructura y equipamiento en sus escuelas en las que aprovechen los avances tecnológicos y de sustentabilidad para disponer del agua necesaria para realizar sus actividades a través de la captación, control, aprovechamiento, reuso, reciclaje y tratamiento del agua pluvial y suministrada. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Declarar la guerra sólo en legítima defensa

La Comisión de Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) que modifica los artículos 73 y 89 de la Constitución Política, para establecer que el Congreso tiene facultad de declarar la guerra, pero sólo en el caso de legítima defensa del Estado.

En el artículo 89, se propone eliminar la posibilidad de que el Presidente pueda disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la defensa interior de la Federación, destinándolas exclusivamente para la defensa exterior del país.

Respecto a la modificación de la fracción VIII del artículo 89, consiste en la facultad del Presidente de declarar la guerra, sólo en caso de legítima defensa, acotando así el tipo de guerra que podría declarar el Estado.

Aguas nacionales

A la Comisión de Recursos Naturales se envió la propuesta del diputado Ramón Merino Loo (PAN) que reforma el artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales, para que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, se pueda realizar por personas físicas o morales, previa la concesión respectiva otorgada por "la Autoridad del Agua".

Precisa que los concesionarios deberán procurar que la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores, no cauce un daño irreparable a los depósitos naturales que imposibilite el reuso del agua con posterioridad. Si el obligado genera un daño de esta naturaleza, deberá garantizar la restauración del recurso hídrico en el lapso que al efecto determine "la Autoridad del Agua", además de las sanciones que esta ley determina.

Correspondería a "la Autoridad del Agua" cuidar que la contaminación generada al ecosistema en el que se encuentra el cuerpo receptor, no afecten la salud humana ni al medio ambiente.

Ley Orgánica de la Financiera Rural

La Comisión de Hacienda y crédito Público analizará una iniciativa de diputados del grupo parlamentario del PRI que reforma el párrafo primero del artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada en Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2002.

Derecho humano al agua

La diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) propuso modificar el artículo 4 de la Constitución, a fin de elevar a rango constitucional el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho social al agua y establecer el derecho humano al agua.

Al presentar su iniciativa señaló que entre 12.1 y 12.8 millones de personas carecen de agua potable en México y en algunos estados del país con menor desarrollo socioeconómico, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, alrededor de la tercera parte de su población no tienen agua en vivienda y/o predio.

Por ello, planteó la necesidad de establecer en la Constitución que toda persona o colectividad tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo humano, suficiente, salubre, aceptable y asequible. La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Grupos vulnerables

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se remitió la iniciativa de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (PAN) que reforma los artículos 16 y 32-B de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El objetivo es garantizar la integridad física y moral de la madre adolescente; el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas y circunstancias; y que las niñas y adolescentes no abandonen la escuela, y con ello abatir el rezago educativo, la iniquidad y la discriminación en las oportunidades de carozo y permanencia al sistema educativo.

Establecer los mecanismos para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que propicien discriminación contra la madre adolescente, sobre todo en estado de abandono; favorecer ampliamente a las niñas y adolescentes de nuestro país; contribuir con otras leyes para que se fortalezca el vinculo y la certeza legal para las madres adolescentes en nuestro país; e incentivar el nivel educativo de la madre adolescente, entre otros.

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores negocie cartera vencida

El diputado Pedro Vázquez González (PT) planteó reformar el artículo 9 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) para que el instituto negocie de manera directa la cartera vencida de los clientes y no pueda cederla a despachos externos de cobranza o recuperación de créditos.

Consideró que es lesivo para el trabajador que su crédito sea cedido a despachos particulares de recuperación, sobre todo en un esquema de apoyo gubernamental para los propios trabajadores y en donde la actividad primordial del instituto no es obtener un beneficio derivado de la intermediación financiera de los recursos prestados al trabajador.

Subrayó que el instituto debe implementar un área de gestión de cobranza de los créditos que les otorga a los trabajadores en aras de negociar y llegar a acuerdos de pago de la cartera vencida sin recurrir a la venta a terceros del crédito que está en mora. Se canalizó a las Comisiones del Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.

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