Con 363 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, se aprobó un dictamen a la minuta que reforma la Ley General de Educación, a fin de establecer que la enseñanza que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial deberá propiciar la cultura de la legalidad, el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención del cambio climático y los elementos básicos de protección civil.

De las atribuciones de la autoridad educativa federal estará el regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, y un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos.

El dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos busca establecer un Sistema Nacional de Información en la materia, toda vez que establece de manera clara funciones operativas que –en el marco de la federalización educativa- competen a las autoridades educativas estatales.

Se plantea que las autoridades locales podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.

Las autoridades educativas, añade el documento, proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento, debido a que se agregan elementos respecto al papel del maestro en el proceso educativo y se precisan responsabilidades del Estado en materia educativa.

Respecto a la propuesta de introducir la enseñanza de un segundo idioma en los niveles y modalidades educativas, la Comisión no lo consideró viable, ya que significaría una nueva obligación que el Estado debería cumplir para todos los individuos, por lo menos en lo que a educación preescolar y primaria se refiere.

Se menciona que dadas las características actuales del sistema educativo, tal objetivo parece poco viable en el corto y mediano plazos.

La propuesta de reformar al artículo 27, relativa a fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública, no se consideró procedente.

Debido a que podría convertirse en la base que ofrezca sustento legal a la práctica de establecer cuotas en los planteles escolares y, más aún, a la de condicionar los servicios educativos de carácter público. “La medida puede también contribuir a profundizar la inequidad en la educación, además de que sería necesario establecer nuevas reglas que aseguraran transparencia en el manejo de los recursos y mecanismos para la rendición de cuentas”.

En lo particular, se validó con unanimidad de 350 votos y en términos del dictamen, la fracción 10 del artículo 7, toda vez de que la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD) retiró la propuesta de modificación.

Se mandó al Senado de la República para efectos de inciso e) del artículo 72 constitucional.

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