• Habrá sanciones económicas y penales por propiciar o ejercer prácticas monopólicas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 386 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal De Justicia Fiscal y Administrativa.

Las reformas facultan a la Comisión Federal de Competencia a realizar visitas de verificación a las empresas, detallando las reglas a la que deberán sujetarse y para ordenar la ejecución de medidas cautelares, consistentes en la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica.

Asimismo, establecen sanciones equivalentes a 175 mil veces el salario mínimo por declarar falsamente o haber entregado información falsa hasta una multa del 10 por ciento de los ingresos del agente económico, por incurrir en práctica monopólica absoluta.

Plantean sanción económica por el equivalente a 200 mil veces el salario mínimo a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas en representación o por cuenta y orden de personas morales y hasta 180 mil salarios mínimos a quienes coadyuven, propicien, induzcan o participen en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

También, sienta castigos que van de 3 a 10 años de prisión a quien incurra en prácticas monopólicas.

Se aclaran los programas de inmunidad y reducción de sanciones a fin de que, en el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, los agentes puedan acercarse a la Comisión con el compromiso de restaurar el proceso de libre concurrencia, recibiendo una sanción menor o, en el caso de prácticas monopólicas absolutas, cualquier persona que haya participado, coadyuvado, inducido o propiciado una, pueda reconocerla ante la Comisión con el beneficio de no ser sancionado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) presidente de la Comisión de Economía, destacó que en un análisis de la OCDE, el Banco Mundial y el World Economic Forum, coincidieron en que el marco regulatorio de nuestro país para promover la competencia es obsoleto.

Resulta por demás evidente, dijo, que México presenta rezagos en materia de competencia económica y que en tal sentido el combate a los monopolios y a las prácticas anticompetitivas debe incrementar sus alcances, en condiciones de la mayor eficacia y transparencia.

Es un hecho que hoy en día la Ley Federal de Competencia Económica como marco jurídico de referencia en la materia no satisface a los actores económicos, a los ciudadanos consumidores y tampoco al propio ente regulador.

Añadió que la reforma de la Ley no puede ser otro que situarnos en un pie de igualdad con otras naciones y asegurar una mejor inserción de nuestro país en los mercados globales.

Dijo que el propósito en el que se inscribe responde al hecho de que la creación de instituciones eficaces y el mejoramiento de las instituciones existentes pueden reducir en forma sustantiva los riesgos y la incertidumbre económica y social.

El diputado Guajardo Villarreal mencionó que son tres los grandes rubros que agrupan la mayoría de los cambios introducidos a la Ley de la presente reforma: fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de cuentas y, asimismo, sanciones y medidas cautelares.

“En materia de fortalecimiento institucional, la presente Ley impulsa un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) en el marco de la relación entre el Secretario Ejecutivo, los Comisionados y el Comisionado Presidente, bajo un esquema de pesos y contrapesos.

En transparencia, rendición de cuentas y simplificación, abundó, la presente reforma establece una serie de rubros mínimos a los cuales deberá referirse el informe anual de la Comisión, así como la fecha límite para su presentación, lo que permitirá tener un conocimiento más preciso respecto del funcionamiento, resultados y eficacia del órgano encargado del combate a los monopolios.

Por lo que respecta a sanciones económicas, abundó, ante lo irrisorio de las vigentes en comparación con las que imponen nuestros socios comerciales, se hace necesario cambiar la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, a fin de que en el marco regulatorio existan elementos fuertemente disuasivos con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas.

“Asimismo, y tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, se introduce la figura de la medida cautelar en la Ley Federal de Competencia Económica, con el propósito de que durante el procedimiento de competencia se suspendan aquellas posibles prácticas que pudieran dañar, disminuir o impedir el proceso de competencia y libre concurrencia”.

Al manifestarse en contra del dictamen, los diputados Mario di Costanzo, Ifigenia Martínez, José Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, coincidieron en que la reforma no busca combatir a los monopolios sino a favorecerlos.

“Nuevamente se diseña una iniciativa que va a estar al servicio de los grandes monopolios, mismos que no pagan impuestos”.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia agregó que la Ley Federal de Competencia Económica no alcanza los estándares de la Constitución. “Establece que se castigarán severamente las prácticas monopólicas; son sanciones, sí, un poco superiores a las que tiene la ley vigente, pero no cumple con el mandato constitucional de castigar severamente”.

Por su parte, el diputado Armando Ríos Piter (PRD) al avalar el dictamen, indicó que no hay ninguna ley que sea perfecta. “Sin duda alguna, todas las leyes son perfectibles y especialmente una como ésta, en una dinámica tan compleja, empresarial, donde los grandes grupos de poder se han venido aprovechando de una gran parte de la renta nacional”.

Como grupo parlamentario, dijo, estamos a favor de esta iniciativa. “Seguiremos construyendo puentes y vías que permitan mejorar la condición de competencia. Es un llamado a nuestra colegisladora para que esta iniciativa tenga los mismos alcances que aquí estamos logrando los grupos parlamentarios”.

Por el PAN, el diputado Martín Rico Jiménez, destacó que su grupo parlamentario reconoce las importantes medidas adoptadas por el Gobierno de la República para hacer frente a las prácticas monopólicas y fallas de mercado.

“Sin duda, las iniciativas presentadas por diversos legisladores y el Gobierno Federal son un esfuerzo responsable para el sano desarrollo económico nacional”.

Destacó que bajo este contexto, las modificaciones a las disposiciones jurídicas que regulan la materia permitirán mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en las operaciones de la Comisión Federal de Competencia, así como fortalecer la política de competencia a través de instrumentos efectivos para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas o monopólicas.

Durante la discusión del dictamen, los diputados Ramón Jiménez López (PRD) y Mario di Costanzo Armanta (PT) reservaron para su discusión en lo particular el artículo 35, fracción XIII y el primer párrafo del mismo apartado, lo que fue rechazado por el Pleno con 329 votos, en tanto que 59 apoyaron las propuestas.

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