Con la adición del artículo 2 BIS para suscribir que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2007, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007.

La votación en lo general fue de 264 votos a favor, 129 en contra y tres abstenciones; mientras que con una votación particular de 275 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones se aprobó la adición de dicho artículo en el proyecto de decreto.

Al hacer la propuesta de adición, el diputado Luis Videgaray Caso (PRI), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que “en virtud de que la Cámara de Diputados conoció los resultados de la gestión financiera de la Hacienda Pública Federal y comprobado que éstos no se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto, ni se cumplieron los objetivos contenidos en los programas, revisados por la Auditoría Superior de la Federación, no existen elementos suficientes para aprobar el ejercicio del gasto público objeto del presente decreto”.

Previamente, fundamentó el dictamen de la Comisión y afirmó que “muestra el deficiente ejercicio del gasto público federal en el primer año de esta administración”.

“El cúmulo de observaciones, con toda claridad, desaprueba la gestión financiera del gobierno de Felipe Calderón en su primer año de ejercicio, por ineficiencia en la ejecución de los programas asistenciales, falta de claridad en los programas de beneficiarios, poca transparencia y subejercicios recurrentes”.

A este respecto, mencionó que hubo prácticas de dilación del gasto, mediante la canalización de los subejercicios a fondos y fideicomisos por más de 84 mil millones de pesos, con el propósito de utilizarlos posteriormente para fines distintos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Indicó que el dictamen tiene fundamento puntual la Cuenta Pública de 2007 y el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se reporta la realización de 962 auditorías, detectó 952 incumplimientos a diversos principios de contabilidad gubernamental; determinó nueve mil 557 observaciones y promovió 10 mil 873 acciones. “Las cuantificaciones monetarias de estos incumplimientos ascienden a 60 mil 723 millones de pesos”.

Aclaró que éste es un dictamen de crítica fundamentada, “no tiene calificativos estridentes; los juicios se hacen a partir de datos, hechos conocidos y fundamentados”.

El documento, dijo, que presenta instrucciones puntuales a la Auditoría Superior de la Federación y exhortos y recomendaciones a los tres órdenes de gobierno es una herramienta que contribuirá al aprendizaje institucional de la Cámara de Diputados.

“México no merece ni tiene por qué repetir el pasado reciente de una aplicación ineficaz, poco transparente, discrecional del gasto público federal”, advirtió.

Solicitó el apoyo de los grupos parlamentarios para este dictamen “que, tras el cúmulo de observaciones y de manera fundamentada sin estridencias, sin calificativos no fundados, propone desaprobar la gestión financiera del primer año de gobierno de Felipe Calderón”, puntualizó.

PRI

El diputado David Penchyna Grub mencionó que un voto favorable al dictamen significa que la Cámara de Diputados hace suyos los resultados del auditor en la Cuenta Pública 2007, ya que votarlo así significa que se reprueba la gestión financiera de ese año, así como la capacidad del gobierno para cumplir las metas, objetivos y programas.

Añadió que se ejercieron mal los recursos: “El gobierno del presidente Calderón no distingue la discrecionalidad en la transferencia de los recursos a las delegaciones, entidades federativas y municipios y en algunos casos hay ausencia de elementos técnicos para priorizar el gasto”.

Lo importante de esta Cuenta Pública, añadió, radica en que permitirá tomar mejores decisiones en la facultad exclusiva de hacer el presupuesto cada año. “Es momento de reivindicar y fortalecer esta importante facultad de la Cámara, de cumplir con el espíritu y el texto de la Constitución y de revisar la gestión gubernamental en el gasto público”.

PAN

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas anunció el voto de su partido en contra, dado el proceso en que se elaboró el dictamen y el contenido del mismo, “pues sólo cuenta con la aprobación de un sólo grupo parlamentario”.

Recordó que el 23 de abril, se presentaron 363 observaciones y propuestas para incorporarlas al cuerpo del dictamen, “las cuales fueron ignoradas en la Comisión; en ese sentido, consideramos que se ha actuado con parcialidad, autoritarismo y de manera tendenciosa”.

Del mismo partido, el diputado Francisco Javier Orduño Valdez resaltó que en el documento se establecen disposiciones confusas y tendenciosas que intentan confundir, ya que lo único que se intenta dar a entender es que los entes auditados y la ASF no cumplieron con sus responsabilidades legales al informar del avance y la aclaración de las observaciones.

PRD

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez denunció que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue excluyente, ya que no se respetó los grupos de trabajo, no discutió el dictamen y el resultado es confuso, inexacto y obsequioso con el Gobierno federal.

Consideró que el dictamen no refleja con claridad la información relevante desprendida de las auditorías realizadas por la ASF; no se define correctamente el criterio utilizado para la realización de las mismas para la federación, estados y municipios.

En conclusión, dijo, el dictamen contiene información confusa y el cúmulo de defectos hace recomendable desecharlo y crear un auténtico grupo de trabajo que elabore uno ágil y con sentido, no sólo para la Cuenta 2007, sino para los ejercicios del 2003 al 2006 y eliminar rezagos.

PVEM

Enseguida, la diputada Rosario Brindis Álvarez afirmó que el dictamen refleja las distorsiones de gasto del gobierno federal y su poco alcance en la metas de las políticas públicas.

Agregó que es necesario sentar las bases para que el gasto sea transparente y llegue a donde debe llegar.

Manifestó el voto de su grupo parlamentario a favor “porque es hora de asumir nuestra obligación para dar el siguiente paso que es tomar decisiones y hacer las grandes reformas que demanda el país y permanecer como observadores pasivos, se traduce en una parálisis legislativa que puede derivar en la eterna espera de mejores condiciones de vida”.

PT

Enseguida, el diputado Pedro Vázquez González, manifestó el posicionamiento de su grupo parlamentario en contra del dictamen porque “no expresa con firmeza la necesidad de que el gasto público sea ejercido con transparencia y equidad; no va al fondo de los problemas del ejercicio del gasto público y no aclara el destino de miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”.

Indicó que el informe de la ASF señala inconsistencias y anomalías en el ejercicio del gasto público que evidencian “el manejo discrecional, poco claro y arbitrario que hace el Ejecutivo de los recursos”.

En su oportunidad, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta puntualizó que si se está tan convencido del mal manejo del gobierno, es necesario incluirlo en un artículo del dictamen. “Yo estoy en la mejor disposición, incluso, de proponer la redacción del mismo”.

Nueva Alianza

Enseguida, la diputada Cora Pinedo Alonso indicó que a pesar de las condiciones económicas favorables de 2007, la economía no creció al ritmo que el mercado y la necesitan, “sólo las metas de las finanzas gubernamentales en su mayoría fueron superadas por le nivel de ingresos excedentes; sin embargo no fue suficiente para apoyar el cumplimiento de las metas macroeconómicas”.

Dijo que hubo rubros con mayor recurrencia de observaciones, sobre los cuales es indispensable instrumentar acciones puntuales para avanzar en procesos de transparencia y rendición de cuentas, contribuir al desarrollo institucional del país y promover el buen gobierno que posibilite un mayor crecimiento y bienestar.

También participaron los diputados Marcela Guerra Castillo y Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI; Agustín Torres Ibarrola, Pablo Rodríguez Regordosa y Marcos Pérez Esquer, del PAN; Emilio Serrano Jiménez (PRD) y Gerardo Fernández Noroña (PT), entre otros.

Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para los efectos constitucionales.

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