De acuerdo con cifras oficiales, en nuestro país 5.7 millones de hogares son sostenidos por mujeres; de éstos, el 71.2 por ciento se compone sólo de la jefa de familia e hijos; no obstante, las condiciones laborales siguen siendo desiguales.

Ante este panorama, la diputada Gabriela Cuevas Barón (PAN) presentó una iniciativa que reforma los incisos b) y c) y agrega un inciso d) y un párrafo primero a la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a fin de incluir a las jefas de familia sin cónyuge como candidatos de los programas de asistencia social.

Un informe del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género puntualiza que de los hogares con jefatura femenina 79 por ciento se encuentra sin cónyuge; 33.2 por ciento, son viudas; 16.6 por ciento, solteras; 21.3 por ciento, separadas; y 7.9 por ciento, divorciadas.

Con las modificaciones se pretende que este grupo sea beneficiario de los programas de asistencia social, tanto de carácter privado como público; además, de ser agregado en los proyectos aplicados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a nivel nacional y estatal.

En el documento se argumenta que a pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral va en aumento, el sueldo que perciben aún es menor con relación a lo que aporta los varones; por ello, las reformas buscan contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de este sector de la población.

La iniciativa plantea que a través de dichos esfuerzos también se comience a dar una cultura de la equidad de género; actualmente, se señala en el documento, 45.7 por ciento de hombres y 40 por ciento de mujeres participan en actividades económicas y realizan quehaceres domésticos.

Se agrega que las tareas domésticas donde el porcentaje de participación entre el hombre y la mujer es similar son: la administración del hogar, el pago y trámites de servicios y el cuidado de los hijos.

Se requiere, se precisa en el documento, impulsar el rol de las mujeres en la vida laboral, mediante una legislación acorde a las nuevas demandas, que fomentan su participación y protejan sus derechos.

Detalla que tanto el gobierno federal como los estatales tienen la obligación de establecer políticas sociales de carácter asistencial, que mejoren la calidad de vida de la población y satisfaga eficaz y oportunamente sus necesidades.

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