De no actuar para contrarrestar la actual situación económica y social del país de manera decidida, los festejos del Bicentenario podrían convertirse en una reedición a los conflictos sociales, que motivaron la Independencia y la Revolución, afirmó el diputado Óscar Aguilar González (PRI).

Por ello propuso realizar el “Pacto Social y Económico para la Estabilidad-México 2010”, con el fin de promover la igualdad y participación de todos los sectores para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sentar las bases de una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Explicó que con este pacto se busca la adopción de políticas públicas contundentes en las que el gobierno federal, así como el Congreso de la Unión, actúen acorde a la situación económica imperante en México.

El legislador señaló que el costo de la canasta básica pasó casi al doble, de 80.83 a 154.50 pesos, lo que significa una pérdida de 44.90 por ciento en el poder adquisitivo del salario. “En el sexenio podría terminar en 62 por ciento”. Asimismo, dijo que el 52 por ciento de los mexicanos no puede adquirir la canasta alimenticia recomendable.

“Ante esta escalada de precios la gente está sacrificando educación y salud para poder comer, o se ven obligados a complementar con otros ingresos regularmente en la informalidad. El problema es que esta situación ya es insostenible; las amas de casa son las que más están sufriendo”.

Indicó que de acuerdo con cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, para comprar una canasta alimenticia recomendable, ahora hay que trabajar 21 horas con cuarenta y cinco minutos, mientras el 1 de diciembre de 2006 eran sólo 13 horas.

Datos del Banco de México señalan que la inflación anual subió a 4,17 por ciento, el nivel más alto en los últimos 11 años. Hay que destacar el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor durante la primera quincena de 2010, que registró un incremento del 0.75 por ciento, resaltó.

En este sentido, Aguilar González refirió que entre los productos con mayores alzas de precios figuran alimentos, transporte público, servicio telefónico local, gasolina, diesel y gas doméstico.

Destacó que dicho acuerdo implica lograr un consenso que permita mantener estables los precios de los productos de consumo básico hasta que la crisis económica quede superada.

Lo anterior, sostuvo, se lograría a través del control y revisión trimestral de los precios de los productos de la canasta básica, realizar el ajuste, realineación, congelamiento y regulación programada de los aumentos de los precios de bienes y servicios necesarios.

Asimismo, mantener los precios de los productos de la canasta básica y de energéticos, a través la Secretaría de Economía, promover la productividad en las relaciones laborales, fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, emprender acciones que propicien el empleo en zonas donde se genera la expulsión de personas, procurando convertirlas en receptoras de inversión, así como el impulso y desarrollo de las Pymes.

También es necesario continuar incentivando el empleo formal, fortaleciendo la estructura de la seguridad social y contando con educación de calidad que permita una mayor vinculación empresarial, ampliar el acceso a créditos a tasas competitivas, para las pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras, recalcó.

“El reto es promover un crecimiento económico competitivo, reducir la desigualdad, incrementar el empleo, elevar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y promover niveles superiores de bienestar social”.

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