La diputada Lizbeth García Coronado, del grupo parlamentario del PRD, presentó iniciativa para que se castigue con penas de cinco a quince años de prisión y de mil hasta siete mil días de multa a los que alquilen un local para juegos prohibidos, apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación, así como a los jugadores y espectadores que asistan.

En el caso que los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías no cuenten con autorización legal de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma, o de cualquier modo intervengan en la venta de billetes de lotería serán destituidos de su empleo.

Esto debido a las irregularidades de los permisionarios y la impunidad de las casas de juegos con apuesta y sorteos clandestinos

En México existe un sinnúmero de casas de juegos y sorteos que no dejan ningún beneficio al gobierno federal, a los estados o a los municipios; una parte de los recursos económicos con los cuales trabajan las casas de juego clandestinas son de procedencia ilícita para dar efectividad al lavado de dinero, manifestó la legisladora.

Señaló que es necesaria una legislación que se ocupe de la imposición de candados a las operaciones con cualquier tipo de recursos, cuya procedencia sea sospechosa.

“Hoy más que nunca hay que tener mano dura en el asunto, pues nuestro país vive una creciente ola de violencia y actividades de la delincuencia organizada, cuyas ganancias son multimillonarias y están buscando la forma de entrar al sistema financiero para volverlas legítimas".

Aclaró que no solamente se trata de combatir al juego ilegal, sino también de prevenir la ludopatía, que es el deseo irreprimible de jugar, a pesar de ser consciente de sus consecuencias.

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