• Asciende a 31 mil mdp la cartera vencida de un millón 800 mil personas

A fin de sancionar con multas de hasta tres mil salarios mínimos a instituciones financieras que utilicen los servicios de despachos de abogados y cobranza que realicen su gestión de manera indebida, amenacen u hostiguen por teléfono y por escrito a deudores, el diputado Josué Cirino Valdés Huezo (PRI) propuso reformas a los artículos 50 BIS Y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

En su iniciativa argumentó que debido a la crisis económica, muchos usuarios de tarjeta de crédito han tenido que recurrir cada vez más a este instrumento, provocando que actualmente la cartera vencida se haya incrementado de manera considerable.

“Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) del 24 de febrero de 2010, hasta ese momento la cartera vencida de las tarjetas de crédito ascendía a 31 mil millones de pesos; esta situación afecta ya a un millón 800 mil personas”.

Dicho organismo presentó un registro de más de siete mil quejas contra instituciones bancarias, siendo el rubro de tarjetas de crédito el que más denuncias tiene.

Agregó que datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), señalan que la morosidad creció del 1.5 al 3.5 por ciento del total de la cartera de crédito entre enero de 2008 y el mismo mes de 2009.

Señala que la acumulación de intereses y el alto costo por pago de comisiones ha generado que los deudores ya no puedan pagar sus obligaciones, provocando que, con el objetivo de realizar el cobro, las instituciones contraten despachos de abogados o empresas de cobranza, que realizan su gestión ante el deudor con amenazas, hostigamiento telefónico y por escrito.

“En algunos casos se ha llegado inclusive a la agresión física; y la misma Condusef admite que la mayoría de las quejas se realizan por cuestiones de hostigamiento y cobro de tarjetas que no fueron solicitadas”, puntualiza el documento.

Por ello, se propone una sanción, que va de multa de 500 a tres mil días de salario mínimo a las instituciones financieras que utilicen estos métodos y a las empresas y despachos de abogados que observen esas conductas.

El documento aclara que sólo se sancionará en caso de que el deudor manifieste haber incurrido en insolvencia por causas no imputables a su persona, de manera posterior al otorgamiento del crédito y que demuestre dichas circunstancias.

También plantea multas de 300 a dos mil 500 salarios mínimos a instituciones financieras que no tengan una unidad especializada en cada municipio.

Lo anterior, debido a que la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 50 BIS, establece que es obligación de las instituciones financieras informar, mediante avisos colocados en lugares visibles en "todas sus sucursales" la ubicación, horario de atención y responsables de la "unidad especializada" encargada de la recepción de quejas o reclamaciones de los usuarios del sistema financiero.

“Sin embargo, en la práctica dicha obligación no se cumple, quedando los usuarios en estado de indefensión ante tal conducta”, por lo que es necesario que la Condusef garantice el cumplimiento de dicha obligación y se propone esa sanción ante el eventual incumplimiento.

Dichas unidades, señala la modificación, contarán con personal en cada uno de los Municipios, en que la institución financiera tenga sucursales u oficinas y que la Condusef vigilará, de oficio, el cumplimiento de dicha obligación.

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