En México, habitan mas de 9.6 millones de personas indígenas, de las cuales 5 millones son mujeres, quienes se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad, ya que la marginación y rezagos que padecen se elevan al 80 por ciento, señaló el diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (PRD), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Añadió que las principales carencias radican en el rezago educativo, alimentación, servicios de salud, vivienda y seguridad social.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), dos terceras partes de las personas en situación de pobreza se ubican en el medio rural, de las cuales más de 12 millones presentan un nivel de pobreza alimentaria, 15 millones tienen pobreza de capacidades y cerca de 24 millones están ubicados en el tipo de pobreza de patrimonio.

En este contexto, se recrudecen los efectos negativos en las mujeres por su condición y posición en la sociedad, lo que las hace más vulnerables.

Señaló que ante la crisis económica, el campo y las familias han adoptado diversas estrategias para asegurar su sobrevivencia. Las mujeres se han organizado para acceder a créditos de proyectos productivos para la solución de sus problemas.

Mencionó que se han creado e impulsado programas para que las mujeres rurales y las indígenas participen en proyectos productivos que les permitan atenuar la pobreza en la que viven, con los que se busca que puedan lograr ingresos con la fabricación de productos.

“El problema surge cuando las solicitantes presentan sus proyectos, ya que se enfrentan a la compleja burocracia, que sólo informa que estos no cumplen con el total de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para la aprobación de dichos proyectos, provocando que anualmente se generen subejercicios en estos programas”, dijo.

Además “de que el Presupuesto que se destina para las mujeres es insuficiente y escasamente permite enfrentar la problemática que las afecta”.

Enfatizó que otro problema que enfrentan las mujeres rurales es la propiedad de la tenencia de la tierra, que se ha mermado por la creciente infraestructura urbana que demandan lotes para sus proyectos, sin referencia o consulta para la venta de su propiedad.

“Si nuestro país tiene deudas con las mujeres, es doble con las mujeres rurales e indígenas, pues faltan políticas públicas que las beneficien y ayuden; que tomen en cuenta sus condiciones físicas y ambientales, su identidad cultural e intelectual, su condición de género y sus derechos humanos”, subrayó.

Por ello, impulsa un punto de acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social; de la Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que dirijan mayores recursos económicos a los Programas de Financiamiento de Proyectos Productivos para las Mujeres y reducir los requisitos en las Reglas de Operación de sus programas.

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