El presidente de la Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, propuso que los bienes incautados como: ropa, zapatos, tenis, productos perecederos y artículos para el hogar, sean distribuidos entre la población de los 54 municipios más pobres del país.
Refirió que en los últimos 27 meses el gobierno federal decomisó cinco millones de prendas de vestir usadas y nuevas que entraron en forma ilegal al territorio nacional, cuyo valor aproximado es de 420 millones de pesos.

De los 4.9 millones de prendas de vestir que se han incautado en bodegas, tianguis y vehículos que transitan por las carreteras nacionales, el volumen alcanzaría para darle una prenda a cada habitante de los estados con la mayor pobreza, como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche y Nayarit, aseguró.

Entre 2008 y 2010, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con diversas autoridades, ha realizado 81 operativos para verificar qué mercancías se encuentran en el país debidamente identificadas, 76 de combate al contrabando de perfumes, discos compactos, calzado, electrónicos y juguetes, así como 26 al sector calzado, en el periodo 2006-2007.

El diputado abundó que los mayores operativos para decomisar las prendas de vestir han sido en San Martín Texmelucan, en Puebla; Celaya, en Guanajuato; San Juan de Aragón, en la Ciudad de México y Guadalajara, en Jalisco.

Mencionó que la industria del vestido mantiene una constante presión en las autoridades para que se combata la piratería y se destruya la ropa decomisada y no regrese al mercado.

“La Cámara Nacional de la Industria del Vestido participa activamente con las autoridades en el decomiso de ropa usada, pirata y de contrabando, debido al grave daño que genera, siendo que 6 de cada 10 prendas que se comercializan son de procedencia ilegal”.

Destacó que cuando lo incautado se destruye se incurre en un conflicto de interés social que obliga a la búsqueda de alternativas de aprovechamiento que, sin fomentar perversos círculos comerciales, ayuden a paliar en algo la condición de 50.6 millones de compatriotas que habitan en alguno de los 54 municipios más pobres, que no tienen ni siquiera para una muda de ropa.

Tales municipios tienen un mínimo Índice de Desarrollo Humano (IDH), de los cuales 22 están en el estado de Oaxaca; 10 en Chiapas; 9 en Guerrero; 7 en Veracruz; 2 en Puebla y uno, en los estados de Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Durango. Además, la mayoría de las demarcaciones son indígenas y en ellas viven aproximadamente 699 mil 891mexicanos.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, Hernández Rodríguez pide que el Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, así como del Servicio de Administración Tributaria, del Sistema de Administración de Bienes, de la Dirección General de Aduanas, y la Cámara de Diputados se instrumenten los acuerdos, a efecto de que se lleve acabo, a través de las tiendas Diconsa, la distribución de los bienes incautados entre la población más pobre.

“La prioridad es clara: brindar apoyo a las familias de los municipios que más lo necesitan, que son quienes han visto afectado su poder adquisitivo y sus oportunidades de vida. Es fundamental hacer el esfuerzo y contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza”, enfatizó.

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