Para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados la inyección creciente de recursos y el aumento de las penas no han sido suficientes para detener la delincuencia.

A través del documento “Contenido y perspectivas de la reforma penal y de seguridad pública”, menciona que a pesar de que el Estado invirtió grandes recursos materiales y humanos para ampliar y fortalecer sus instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, así como aumentar las conductas tipificadas como delitos y las penas impuestas a los mismos, dichas estrategias no han arrojado los resultados esperados.

Con dichas acciones, menciona, no se ha detenido la escalada delictiva; no ha mejorado sustancialmente la profesionalización y desempeño de los operadores del sistema penal y de seguridad pública, y por lo tanto la población desconfía de ellos, ya que el aparato de justicia emplea mucho tiempo, esfuerzo y dinero para terminar sancionando a pequeños delincuentes.

En cuanto a los recursos, precisa que al comparar el primer presupuesto y el más reciente de la actual administración federal, el monto asignado a Defensa y al Poder Judicial crecieron 35% cada uno; el gasto de Marina 45% y el de Seguridad Pública 137%. Además, entre 2007 y 2010 el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las entidades federativas (FASP) creció 38%.

Subraya que el crecimiento de los índices delictivos y la escalada de la violencia en México están asociados a múltiples factores, tanto internos como externos. Por lo que se refiere al primero, en los años 1981-2000, periodo en el cual se disparó la incidencia delictiva, el promedio de crecimiento del país fue de 0.5 por ciento y en las cuatro décadas anteriores había sido de 3.2.

“El crecimiento económico es una vía efectiva para luchar contra el crimen. En cambio, un contexto de empleos escasos y mal remunerados, así como un ambiente de ampliación de la pobreza y la desigualdad son un caldo de cultivo para el incremento de la delincuencia”.

Sin embargo, añade, recuperar el crecimiento económico no es suficiente, ya que aquellas personas que se vieron orilladas a delinquir o ejercer una actividad conexa, muy difícilmente abandonan dichas actividades una vez que la economía se recupera.

Puntualiza que un fenómeno ilustrativo, aunque no exclusivo, lo representa la proliferación de grupos y personas dedicadas a comercializar mercancías apócrifas o robadas, pues de acuerdo con la Cámara Americana de Comercio, generó en México, durante 2009, ganancias por 74 mil 699 millones de dólares, lo que representa casi 9% del Producto Interno Bruto.

Entre los factores exógenos habría que mencionar la posición geográfica de México, dado que Estados Unidos -con quien se comparte una de las fronteras más grandes y transitadas del planeta- cuenta con una de las poblaciones con mayor poder adquisitivo y al mismo tiempo con la mayor demanda de estupefacientes (aproximadamente 20 millones de personas son consumidoras habituales).

También se trata del país con una de las industrias armamentistas más pujantes; en la frontera con México existen más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios establecidos o en las llamadas ferias de armas. Además de que cada año el tráfico de enervantes genera para la economía mexicana entre 15 y 25 mil millones de dólares; en tanto, la industria de las armas representa para EU un mercado de 30 mil millones de dólares.

El CESOP resalta que a principios de los años noventa, con el declive de los narcotraficantes de Colombia, y en particular con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, los cárteles mexicanos reafirmaron su ascendente poderío (económico y militar).

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República, entre 2007 y mayo de 2008 esta institución logró obtener auto de formal prisión en contra de 273 presuntos integrantes debandas de secuestradores. De éstos, cuatro de cada diez tenían vínculos con alguno de los grandes grupos delictivos: 64 estaban ligados al Cártel del Golfo y 44 más al Cártel de Tijuana.

Agrega que el agotamiento del sistema penal y de seguridad pública hizo apremiante la necesidad de emprender una transformación radical del mismo, dado que los indicadores del colapso se concentran en la falta de coordinación entre las autoridades; la falta de garantías para las víctimas y los inculpados; la inexistencia de un marco institucional y legal que propicie el desarrollo profesional de los operadores del sistema y consecuentemente una impartición de justicia lenta y selectiva.

Con las reformas emprendidas por el Legislativo federal, subraya, se establecen nuevas garantías para la víctima y el inculpado, tales como la presunción de la inocencia; la búsqueda de la reparación del daño; procurar que el culpable no quede impune y que no vuelva a delinquir.

Se fijan nuevas reglas para evitar que los juicios sean, como hasta ahora, tardados y costosos, así como evitar el poder discrecional que en muchas ocasiones ejercía el Ministerio Público (MP) al alterar las pruebas y testimonios recabados.

A las policías se les otorgaron nuevas facultades de investigación, siempre bajo el mando del MP en esta función. Esto implicará nuevos atributos para la preservación de la escena del crimen y la aplicación, por parte de las corporaciones policiales, de nuevas facultades para desarrollar estrategias de inteligencia y acciones de prevención.

Enfatiza que uno de los compromisos de corto plazo es la creación del nuevo sistema de reinserción y la aplicación del régimen de modificación y duración de las penas, el cual deberá estar listo en 2011.

“Junto con este reto, el éxito de la reforma consiste en configurar una nueva relación entre los operadores del sistema, contar con la infraestructura necesaria y contar con el contexto social que permita una adecuada recepción y funcionamiento del sistema”, concluye.

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