Este viernes se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, una mesa de análisis en torno a la recién aprobada Ley Federal de Protección de Datos Personales, el RENAUT y la Cédula de Identidad, convocada por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva.

Al respecto, la consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) Jacqueline Peschard Mariscal, resaltó la fortaleza de la nueva legislación y afirmó que mediante ésta, las bases de datos tendrán una gran protección y su mal uso deberá ser perseguidos desde el plano de la justicia federal.

En este sentido, abundó que si hay robo, si se filtra o se comercializa, el IFAI tendrá las facultades para sancionar a los responsables de resguardar las bases de datos, así como aquellas empresas que se vean involucradas.

Informó que actualmente el instituto que representa busca coordinarse con otras dependencias federales y con universidades para difundir, de acuerdo con los estándares internacionales, el manejo y protección de las bases de datos.

Destacó que en el ámbito internacional, la Ley de Protección de datos Personales es bastante común desde hace más de 20 años y lo que se ha logrado es definir una serie de principios bajo los cuales se debe de conservar, mantener, rescatar y recabar la información.

El modelo mexicano de la Ley Federal de Protección de Datos, dijo, toma parte del europeo, que es el más garantista y más fuertemente protector de los derechos de las personas y del modelo anglosajón de los países de Asia-Pacífico.
Indicó que las bases de datos con la nueva ley sí están protegidas para que solamente los titulares puedan acceder a ellos.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF), al abordar el tema del Registro Nacional de Teléfonos Celulares (Renaut) indicó que a cuatro días de que se celebró el día Internacional de las Telecomunicaciones, el Consejo Consultivo de la Cofetel no se ha pronunciado respecto del futuro del Renaut. “No conocemos más que información fragmentada sobre las siguientes etapas en el proceso de aplicación”.

Dijo que aun cuando dicho registro se constituyó para contribuir a disminuir el secuestro, no hay suficientes evidencias de su inclusión útil para combatir al narcotráfico y para fortalecer a las instituciones en su disposición a encarar a la delincuencia organizada.

Mencionó que de acuerdo con la empresa Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, México ostenta el primer lugar en secuestros tradicionales y exprés a nivel mundial.

“Sabemos que existen muchas cifras inaccesibles en materia delicuencial. En lo que respecta al empleo de celulares en actividades delincuenciales, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Ley y los Derechos Humanos, de enero a mayo del presente año se han registrado 6 mil 211 llamadas de extorsión y entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009 el número había sido de 6 mil 400”.

Es decir, explicó, por mes, en este periodo que concluyó en diciembre de 2009 habría habido 492 llamadas contra mil 282 de los primeros cinco meses de este año. “En otras palabras, si la tendencia de este año se mantiene, el incremento anual será de 200 por ciento”.

Abundó que con la finalidad de “combatir al crimen organizado”, el 9 de febrero de 2009 se reformó la ley Federal de Telecomunicaciones, en la cual el Estado mexicano implementó un registro de los usuarios de telefonía móvil.
“Un año tres meses después de poner en marcha este mecanismo, a partir de los datos mencionados pueden verse, para infortunio de quienes le apostaron a esa medida sin asegurarse de su operatividad, percepciones de inutilidad”.

Guerrero Chiprés consideró que ante el Renaut nos encontramos con un sistema mal diseñado, mal planeado, indebidamente promovido e implementado”.

“No es motivo de regocijo alguno que el gobierno, independientemente del partido que lo encabecé, fracase o se perciba que fracase en iniciativas a favor de una comunidad que lucha contra el crimen organizado. Las intenciones gubernamentales merecen aplauso pero los logros verificables o no, por decir lo menos, requieren una seria evaluación”.

Dentro de estos visibles errores, agregó, se pudo detectar que el Renaut no prevé los mecanismos de resguardo, seguridad ni protección a los millones de datos personales que los usuarios han proporcionado.

“Si la base de datos del Renaut pudiera ser comercializada, como las evidencias nos demuestran que puede ocurrir, no existen las medidas para sancionar al servidor público que haya sido responsable de esa fuga de información.

En pocas palabras, enfatizó, los datos personales que maneja el Renaut carecen de la mejor protección que la que, provisionalmente, conceden los archivos de las propias telefónicas momentáneamente a cargo de su resguardo en tanto se reaviva el Renaut.

Concluyó que el gran recabador de datos personales, que es el Estado, a través de mecanismos como lo son el Fiel (Firma Electrónica), el Renaut o el padrón electoral, o como se abordó, la cédula de identidad, sigue sin dar certeza de que los datos personales que tiene en su poder están salvaguardados con estándares internacionales.
“De no tomarse medida alguna para solucionar esta problemática, nos encontremos ante un probable colapso de la protección de los datos personales en posesión del Estado en algunos segmentos del gobierno”.

Por su parte, el consejero del Instituto Federal Electoral, Benito Nacif Hernández, se refirió al proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Federal de Electores.

Destacó que el padrón electoral, que tiene hoy en día 79.7 millones de registros, es la base de datos personales más grande del país y tiene una enorme relevancia, no solamente como un instrumento para la organización de las elecciones, sino en el ejercicio del derecho al voto.

“Adicionalmente, dado el carácter que tiene la credencial de elector como medio de identificación oficial, se convierte en un instrumento valioso para el ejercicio de otros derechos”.

No obstante, mencionó, cuando en julio de 2009 el Gobierno federal anunció la intención de crear el Sistema Nacional de Identificación Personal y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana, en el IFE reaccionamos con preocupación, porque de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Población eso tenía implicaciones jurídicas ya que dejaba a la credencial para votar sin reconocimiento oficial y se desaparecía una de las motivaciones más importantes por las cuales los ciudadanos acuden a los módulos a inscribirse en el Registro Federal de Electores.

“Los Consejeros Electorales llegamos a un posicionamiento común: la mejor forma de armonizar el derecho a la identidad con la función electoral es que en lugar de que sean dos documentos, una credencial para votar y una Cédula de Identidad Ciudadana, existiera uno solo, que sirviera no solamente para garantizar el derecho al voto sino como un documento de identificación plena para todos los derechos”.

Informó que de igual forma, los consejeros del IFE coincidieron en que era importante que ese documento fuese producido y puesto a disposición de los ciudadanos, a través de sus módulos, toda vez que cuentan con una infraestructura para expedir documentos de identidad.
“Del mismo modo, que el Registro Federal de Electores debería mantenerse administrado por el Instituto Federal Electoral, porque es la piedra angular de la organización de las elecciones; y si ese instrumento, central para la organización de las elecciones fuera a dar a otro lado, se generaría una serie de problemas, de disfunciones que harían la organización de los procesos electorales más incierta e incumplida”.

Actualmente, dijo Nacif Hernández, el Instituto Federal Electoral está en el proceso de presentar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, compartido con el IFAI y con la Secretaría de Gobernación, un estudio en el cual se plantean las distintas alternativas.

“De tal manera que conciliemos dos fines importantes; la finalidad de una vigilancia permanente de los partidos políticos al padrón electoral, que es garantía de certeza y confianza y credibilidad en los resultados electorales y por otro lado este derecho constitucional a la privacidad a la protección de datos personales que está ya consagrado en la Constitución”.

El también consejero del IFE, Marco Antonio Baños Martínez, se pronunció por la creación de una base de datos universal.

Actualmente, aseguró, el gobierno federal tiene a su cargo el Registro Nacional de Población, cuya base de datos ha servido para la expedición de las claves CURP.

“Esa base de datos de clave CURP se ha venido integrando de muy diversas maneras, primero con una captura de todos los datos registrados en los registros civiles, con el Seguro Social y otras instituciones de carácter público y hoy día tiene poco más de 165 millones de registros”.

Explicó que la población oscila entre 110 y 130 millones, 110 que es el tope máximo que reporta el INEGI y 130 porque hay aproximadamente 20 millones de personas que están registradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores como mexicanos que residen en otros países. “Si esto es así, de cualquier manera hay todavía 30 millones de personas que están por encima del universo total de mexicanos”.
Esa cantidad adicional, añadió, responde justo al procedimiento de depuración. “Me parece que este tema tiene que ser revisado con mayor detalle para ver cómo se regula. Particularmente, para los efectos electorales y la implicación que esto tiene.

“El ISSSTE tiene su propia base de datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo mismo, los institutos de transparencia ahora tienen sus propias bases de datos. Sería ideal que hubiera una sola base de datos”, concluyó

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