El Grupo de Trabajo que da seguimiento al conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno federal, se reunió con ambas partes para conocer su posición en torno a la controversia constitucional presentada en contra del decreto que extingue a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, mencionó que hoy el debate en torno al decreto está en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en este sentido afirmó que el gobierno de la República acatará sin ninguna reserva el fallo que se emita.

“Tenemos noticias que la SCJN ha atendido los planteamientos de los trabajadores y tomará una decisión cuando lo juzgue pertinente. El Gobierno federal será respetuoso del debate jurídico que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del fallo que emita, sin embargo, en esta mesa deberá transparentarse si la otra parte involucrada en el conflicto jurídico confía en la Suprema Corte y si aceptará el resultado”, dijo.

Por respeto a esa decisión y a la autonomía del Poder Judicial, agregó el funcionario, la Secretaría de Gobernación se mantendrá al margen y no entrará al debate jurídico que sin duda puede ser interesante, pero es necesario que la SCJN atienda los argumentos con la debida serenidad, prontitud y libre de cualquier distorsión.

Gil Zuarth indicó que el Gobierno de la República tiene la convicción de que las diferencias se deben de resolver por los cauces institucionales, por lo que reiteró la disposición de la Secretaría de Gobernación para dialogar con el SME a fin de construir acuerdos y llegar a una solución de largo plazo.

“Pero una solución de largo plazo en la que no se reediten los problemas que por mucho tiempo se evadieron. No por soluciones de largo plazo que hoy pueden parecer viables y que incluso pueden resultar fáciles desde el cálculo político, pero que suponen empeñar el futuro de las próximas generaciones y la viabilidad del país”.

El subsecretario expresó que el gobierno federal asume toda su responsabilidad ante la decisión de extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo que generó un ahorro de 700 mil millones de pesos.

Explicó que “no es opción para el gobierno de la República la contratación colectiva de trabajadores, debido a que la demanda laboral de la CFE debe articularse en función de las necesidades reales en términos de efectividad y eficiencia del servicio”.

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, solicitó al Congreso de la Unión que en el marco de sus facultades, reponga el procedimiento administrativo y busque un acuerdo para que los trabajadores se reintegren a sus labores, toda vez que su contrato colectivo se mantiene vigente.

Refirió que los trabajadores electricistas creen en la justicia, toda vez que su lucha es pacífica y apegada a derecho. “Estamos en manos de los encargados de velar la Constitución, por lo que debe imperar un sentido ético que equilibre el poder que el Estado deposita en una persona”.

Puntualizó que “hoy que se asume la demanda de Amparo en la SCJN, resulta que los documentos que fundamentaron y motivaron este decreto están reservados, y lo están porque violaron la Constitución, las leyes y fue un acuerdo político”.

Mencionó que hay más de 134 auditorías pendientes de ejecutar, así como la comparecencia del director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
A su vez, el diputado Amador Monroy Estrada (PRI), presidente del grupo de trabajo, indicó que la función de los diputados es de mediadores entre ambas partes e informar los avances.

“No estoy de acuerdo que esta Comisión espere tranquilamente a la resolución de la Corte porque entonces no debimos haber aceptado, ni la creación y ni el mandato; nos constituimos con la intención de avanzar muy alternativamente a los trabajos que jurídicamente se están realizando por la autoridad correspondiente”.

Puntualizó que en todo proceso e inclusive en la propia Ley Federal del Trabajo se establece un momento en que las partes tienen que buscar la avenencia a través de la conciliación, “en nuestro caso es lo que estamos haciendo; intentando alternativamente buscar la solución al conflicto o apoyar a las dos partes para que se acerquen y encuentren la solución al conflicto”.

Se manifestó para que las partes presenten alternativas reales de solución, porque “si sentimos que no las hay y no las vemos, nosotros no estamos de acuerdo en que realmente se haya visto un avance”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) consideró como un hecho grave la desaparición de documentos planteada por el Secretario General del SME y a los cuales debe tener acceso la SCJN. “¿Qué podemos hacer para coadyuvar a encontrar una solución?, y propongo que encontremos un mecanismo de mediación en donde exploremos posibilidades. Hagamos un equipo negociador”.

Mencionó la importancia de acordar una mediación rápida y consistente para tratar de resolver un problema que descongestione las relaciones políticas en el país.

“Yo no quisiera entender, señor subsecretario, que usted está diciendo que esto ya se acabó, ya que señala que no hay materia de negociación; que hay que esperarse a que resuelva la Corte; yo quisiera preguntarle ¿el gobierno está de acuerdo en que éste sea un marco de negociación o lo está desconociendo, para que nosotros podamos actuar en consecuencia”, cuestionó Muñoz Ledo.

Están dispuestos a aceptar la capacidad mediadora de esta comisión o grupo de trabajo del Congreso de la Unión o no, ése es el punto, subrayó.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD) enfatizó que a pesar de las acciones y estrategias empleadas para dar empleo a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro sólo resuelven la situación de carca de 20 mil ex trabajadores de los 44 mil cesados.

Expresó que las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal para resolver un problema económico originaron un problema de carácter político, por lo que pidió hacer un análisis para resolver el problema.

Llamó a ambas partes a reflexionar y buscar una solución que garantice la paz pública del país.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) manifestó la necesidad de esperar la determinación de la Corte respecto del conflicto, “si no tenemos primero la determinación de la corte, difícilmente podríamos avanzar en mucho.

Señaló que en cada una de las reuniones se han logrado avances, sin embargo, “el tema jurídico emparejado al tema de la negociación política va a cambiar de manera radical la determinación en un sentido o en otro”.

El subsecretario de Gobernación señaló que el gobierno de la República está decidido y determinado a no resolver problemas generando otros.

Añadió que no es un problema estrictamente de recursos; esa es la solución fácil que llevaría al aplauso unánime y quizá incluso un crédito de carácter electoral. Los resultados y el juicio que se deben hacer sobre una decisión no solamente en el mediato plazo, es un juicio que se tiene que someter a la viabilidad de largo plazo.

Gil Zuarth sugirió que, con base en las posiciones asumidas por ambas partes, hacer una reflexión sobre cuáles son los ámbitos que corresponden, partiendo de la situación que los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro esperan el fallo de la SCJN.

Explicó que se requieren distintas condiciones para encontrar el equilibrio, aunque señaló que es poco prudente que una vez que la SCJN estudie el caso se generen planteamientos distintos a los originados en la Corte.

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