El clima de violencia que vive el país podría provocar que haya un abstencionismo de hasta el 70 por ciento en los próximos procesos electorales, señaló el diputado Arturo Santana Alfaro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.
Precisó que se calcula la participación del 50 por ciento del padrón electoral, pero “con estos actos de violencia puede sufrir una merma de un 20 por ciento o más y podemos llegar a una votación del orden del 30 por ciento, es decir muy baja”.
En entrevista, el legislador subrayó que evidentemente son factores que la población toma en consideración, “si nosotros entramos en un clima de violencia en estos procesos electorales lo único que vamos a lograr es que haya un abstencionismo muy alto y que la gente efectivamente cada vez esté participando menos en estos procesos electorales”.
Comentó que la Comisión presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión de la Comisión Permanente para exhortar a la gente a que participe y que las autoridades dejen de enturbiar los procesos.
Santana Alfaro afirmó que la Comisión trabaja para que en esta Legislatura se pueda expedir la Ley General de Participación Ciudadana.
Refirió que se han presentado una serie de reformas constitucionales que van encaminadas a leyes especiales en específico “a una ley encargada exclusivamente de regular el plebiscito, otra al referéndum, contraloría social y otra ley a presupuesto participativo”.
“Lo fundamental es sentar las bases de reformas constitucionales para después pasar a la expedición de una ley secundaria, como es dicha Ley, la cual pueda englobar todas estas figuras de democracia participativa en un solo ordenamiento”, dijo.
Enfatizó que hay un buen ánimo de parte de todas las fracciones parlamentarias para sacar ese tipo de reformas.
Puntualizó que la participación ciudadana significa darle la oportunidad a la sociedad de que exprese su opinión. “Los beneficios que traería a la ciudadanía esta ley es la legitimación para que pueda participar de manera directa en la elaboración de políticas públicas e incluso en la aplicación de los presupuestos de este país”.
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