Con el objetivo de frenar la introducción ilegal de armas al país, la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Luis Ovando Patrón, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que informe sobre las medidas que se han tomado al respecto.

El dictamen solicita que a través de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República se informe de ello.

El punto de acuerdo impulsado por la diputada Guadalupe Pérez Domínguez (PRI), también pide que se dé a conocer el estado que guardan las negociaciones para la celebración de tratados internacionales en materia de comercio de armas con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y la eficacia de las medidas que actualmente se implementan en las aduanas a fin de poder combatir el tráfico de armas.

Precisa que el objetivo es abarcar globalmente todas las transferencias internacionales y reducir el sufrimiento humano a raíz de la disponibilidad no controlada de armas convencionales y sus municiones.

La Organización de las Naciones Unidas calcula que el comercio de armas genera un negocio de 1.5 billones de dólares, mientras que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) calculan que cada día mueren unas mil personas por las armas ligeras, subraya.

“Es responsabilidad de los gobiernos establecer medidas de control interno del comercio de armas. Es una obligación social y política, pero sobre todo moral de cualquier gobierno, impedir la proliferación de armas en su territorio y exigir a otros su compromiso y la implantación de medidas necesarias para impedirlo”, puntualiza.

Erradicar corrupción en mandos de la Policía Federal, División Caminos

En reunión de trabajo, también fue avalado un exhorto al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a fin de que implemente los programas de reestructuración, capacitación y profesionalización necesarios para erradicar la corrupción imperante en los mandos de la Policía Federal, División Caminos.

Se le pide generar programas académicos, científicos, culturales y sociales de capacitación y profesionalización, con el objeto de eliminar los altos niveles de corrupción existentes, así como informar a la Cámara de Diputados sobre los programas anticorrupción que se han implementado y los resultados alcanzados.

El diputado impulsor del punto, Joel González Díaz (PRI), señaló que existen denuncias de tortura física y psicológica a manos de la Policía Federal, División Caminos, en varios estados de la República, con reportes médicos de heridas graves.

Incluso, agregó, “se han detenido infinidad de peligrosas bandas de secuestradores, traficantes de personas y de órganos, narcotraficantes y de robo de autos, que operan principalmente a lo largo de las más importantes carreteras del país; se ha logrado detectar que dentro de estas organizaciones delictuosas operaban miembros de dicha Policía Federal”.

Mandos únicos de policía

Además se avaló un dictamen para que la Comisión de Seguridad Pública consulte al Consejo Nacional de Seguridad Pública por conducto del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las mediadas legislativas pertinentes.

Lo anterior, para que el Poder legislativo cuente con la información y los elementos suficientes que accedan a resolver la conveniencia de reformar los artículos Constitucionales y demás ordenamientos aplicables para tales fines y así promover políticas públicas eficaces que impacten el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública.

El punto promovido por el diputado Salvador Caro Cabrera (PRI), resalta que el crimen organizado y la delincuencia en las dos últimas décadas han trasformado la vida del país, provocando altos índices de inseguridad y violencia que progresivamente se ven más expandidos y sofisticados, afectando el entorno biopsicosocial de cada mexicano, la economía, salud y desarrollo del país.
Reinserción de ex convictos deportados

Asimismo se aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a implementar un programa integral de reinserción de ex convictos deportados a nuestro país, propuesto por el diputado Francisco Vega de Lamadrid (PAN).

Datos de la Agencia de Aduanas y Migración de E.U. señalan que entre 2005 y 2008 fueron deportados 364 mil 7 personas, de las cuales 38 mil 745 fueron por la garita de Tijuana. Asimismo, datos de la Comisión Binacional de Derechos Humanos precisan que 700 personas son deportadas diariamente a México, de las cuales 200 son ex convictas, señala el dictamen.
Por ello se considera necesario implementar un programa de resguardo y reinserción social para ex convictos deportados a nuestro país.

Vivienda y automóviles para cuerpos policiacos

A fin de que la Federación, los estados y el Distrito Federal otorguen a los cuerpos policiacos, en el marco de sus atribuciones, el acceso a créditos para adquirir viviendas y automóviles, la Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen.

Se precisa que para la implementación de una policía eficaz y honesta, se deben cambiar no sólo los aspectos legales y de operación, sino mejorar la calidad de vida de los elementos. “Es decir, mejorar la seguridad social del policía y su familias; ya que muchas veces se hace susceptible por esta razón la inclusión de elementos en células delincuenciales”.

La Comisión destaca que es importante tener en cuenta que no será posible tener una mejor capacitación y adiestramiento si el policía no tiene una vivienda digna, un salario digno, seguro de vida y becas para sus hijos.

El diputado Ernesto De Lucas Hopkins (PRI), quien leyó el punto, resaltó que el notable incremento de la criminalidad, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, ha convertido a la función policial en una de las actividades laborales de mayor riesgo, basta para ello hacer notar que entre los años 2008 y 2009 los homicidios dolosos en contra de policías en México se incrementaron en más de un setenta por ciento.

Iniciativa Mérida

La Comisión solicitó al Ejecutivo Federal, a través de un dictamen con punto de acuerdo, implemente los indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de ésta.

Menciona que dicha Iniciativa tiene entre sus propósitos dotar a México de las habilidades técnicas y de asistencia para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria; el reforzamiento de las tecnologías de información: el desarrollo de su infraestructura; la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de la legalidad.

Es fundamental, asegurar que crezca la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes, en la actuación íntegra y transparente de sus autoridades e instituciones, así como en su objetivo de avalar la adecuada utilización de los recursos.

La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM), proponente del tema, expuso que la aplicación de recursos de ambos países y la declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que en 2010 se han aprobado 236.1 millones de dólares para México, así como la solicitud al Congreso americano para la aprobación de 310 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2011, para el combate a las drogas en México, en el marco de la Iniciativa Mérida, es una muestra de las grandes cantidades de recursos que están siendo destinados a la lucha en contra del crimen organizado.

Que entidades federativas adecuen su marco legal en materia de seguridad pública

Por otra parte, se aprobó un punto de acuerdo, para pedir a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, realicen las reformas necesarias, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo de la reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia de fecha 18 de junio de 2008.

“Es indispensable que cada estado perfeccione y actualice en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las disposiciones que en materia de seguridad pública se encuentren vigentes, a fin de lograr una efectiva integración de los principios establecidos tanto en las disposiciones constitucionales como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de lo contrario, no se contará con las herramientas legales necesarias para responder a las exigencias que en la actualidad la ciudadanía demanda”, precisa el documento.

Al plantear el punto, el diputado José Luis Ovando Patrón (PAN) resaltó que es de gran relevancia contar con instrumentos jurídicos estales que articulen, organicen y perfeccionen la tarea de seguridad pública para hacer efectivo el frente que se ha propuesto por parte del Estado en contra de la delincuencia.

Refiere que con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor, las leyes en esta materia, “razón por la cual se pide que quienes a la fecha no hubiesen adecuado su marco legal realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado”.

Programa para vehículos de procedencia extranjera

La Comisión aprobó un dictamen para exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública a que en coordinación con las autoridades del estado de Chihuahua, efectúen las acciones necesarias, que permitan la implementación de un programa de regularización para los vehículos de procedencia extranjera, y éste sea considerado de alta prioridad.

Lo anterior, brindará certeza a los propietarios de los vehículos y a las autoridades de Seguridad Pública al tener un control de los vehículos y de sus propietarios, así como contribuir al combate a la inseguridad de la franja fronteriza, generar condiciones temporales que faciliten un control del parque vehicular y procurar certeza jurídica para los ciudadanos.

Señala que el año pasado entraron al país de manera ilegal al menos 500 mil vehículos. Subraya que estos permiten la movilidad y la logística para operar a los delincuentes en un manto de impunidad.

Elementos de policia en Torreón

Otro dictamen avalado, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a llevar a cabo una reunión de trabajo con las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en el estado de Coahuila, a fin de seguir coordinando esfuerzos tendientes a resolver la problemática que impera en el municipio de Torreón y enviar elementos de la Policia Federal para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

El documento explica que hace unos días el ayuntamiento de Torreón dio de baja a 400 policías municipales que estaban en paro, por lo que la ciudadanía se siente vulnerable a cualquier hecho que pueda realizar la delincuencia organizada, ya que en estos momentos el ayuntamiento está llevando a cabo el proceso de refundar la policia municipal.

Por ello, el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI), promovente del punto de acuerdo, solicitó dar pronta y eficaz solución al clima de incertidumbre y falta de seguridad entre la población de dicho municipio, en razón de que será en un plazo aproximado de seis meses en el que el municipio podrá contar con elementos suficientes y capacitados.

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