El presidente de la Comisión de Salud, diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN) señaló que el 90 por ciento de las armas utilizadas por narcotraficantes mexicanos fueron compradas en la Unión Americana, de acuerdo a un análisis del Instituto Brookings, en Washington.

Abundó que este tráfico podría ascender a dos mil armas diarias, entre las que se encuentran “cuernos de chivo”, metralletas de guerra tipo Barret (capaz de hacer más de 200 disparos por minuto), fusiles Barrett de 50 milímetros, armas tipo cohetes antitanque, lanzagranadas, granadas de fragmentación, armas de “nueva generación” como la subametralladora y la pistola FN Herstal (capaces de traspasar blindajes).

Tales cifras, resaltó, coinciden con los reportes de las autoridades mexicanas, de los que se destaca que más del 90 por ciento de las decenas de miles de armas que han sido decomisadas a los narcotraficantes provienen precisamente de la Unión Americana.

Por ello, presentó un punto de acuerdo, mismo que analiza la Segunda Comisión de la Permanente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la posibilidad de proponer, negociar, suscribir y celebrar un Tratado Bilateral con los Estados Unidos, en materia del combate y cooperación contra el tráfico de armas.

Tanto México como Estados Unidos, precisó, han reconocido y aceptado que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida, por lo que es imperativo aumentar la cooperación para debilitar y derrotar a los cárteles de las drogas.

Las fuentes de procedencia de estas armas, subrayó, son diversas, pues algunas provienen de los llamados “compradores de paja”, ciudadanos estadounidenses que adquieren armas para otras personas; otras son obtenidas en ferias anuales de armas.

Osuna Millán destacó que el gobierno federal tiene identificadas diversas rutas del tráfico no sólo por los 19 cruces de paso formales que existen en la frontera, sino por una gran cantidad de cruces informales a lo largo de los 3 mil 152 kilómetros de franja común.

Ante ello, pidió que dicho tratado deberá establecer normas de aplicación general y jurídicamente vinculantes para ambas naciones a fin de disminuir y detener el tráfico de armas; sería negociado y celebrado entre los gobiernos, y posteriormente ratificado y aprobado por los congresos, constituyendo así el marco jurídico binacional por excelencia en la materia.

Crear una Oficina Binacional de Funcionarios, con sede simultánea en ambos países, encargada de la ejecución e instrumentación del Tratado Bilateral, compuesta por representantes de las agencias, secretarías, departamentos e instancias relevantes de las dos naciones, coadyuvaría de forma constante.

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