La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Esthela Damián Peralta, se manifestó a favor de que las entidades fiscalizadas puedan ser sancionadas cuando se detectan irregularidades durante las auditorías al desempeño.

En conferencia de prensa, destacó que a través de reformas a los artículos 74 y 79 de la Constitución Política y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las auditorías de desempeño no se queden en simples recomendaciones a los entes auditados, sino que se pueda fincar responsabilidad a quienes ejercen el gasto con ineficiencia.

Del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, recordó, fueron examinadas 164 entidades, de las cuales 120 corresponde a dependencias y entidades de los Poderes de la Unión; 3 entes públicos federales constitucionalmente autónomos; 32 entidades federativas y 9 entidades públicas de educación superior.

Como resultado, expresó, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó siete mil 745 observaciones, que dieron lugar a la emisión de ocho mil 751 acciones. Mil 190 corresponden a recomendaciones al desempeño, lo que equivale al 13.6 por ciento del total de las acciones emitidas por la Auditoría.

Tal cifra, resaltó, dice que la mayoría de los entes auditados demostraron irregularidades y deficiencias en el manejo de los recursos públicos, tales como la falta de planeación, regulación y supervisión, así como la carencia de indicadores institucionales para evaluar sus propias metas y objetivos en sus programas.

“En muchos casos los entes fiscalizados no cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones o no ejercieron los recursos de acuerdo con la normatividad para la cual le fueron asignados”, abundó.

Damián Peralta denunció que la Auditoría Superior pudo conocer estos resultados a través de la realización de estudios de desempeño las cuales tuvieron como principal objetivo verificar y evaluar la eficacia del quehacer público, así como el comportamiento de los actores, tanto de las instituciones encargadas de poner en práctica la política pública como de los operadores.

Mencionó que algo que es totalmente inadecuado es el efecto que este tipo de auditoría tiene sobre los entes, ya que cuando la ASF revisa y detecta omisiones o ineficiencia en el manejo de recursos sus acciones no van más allá de una recomendación para tratar de mejorar el desempeño de quienes no cumplen con su labor.

Por ello, indicó, las reformas que analizan las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, plantean dotar a las auditorías de desempeño de un efecto similar a los otros tipos y, con ello, al momento de que la entidad de fiscalización superior identifique factores que inhiban el desempeño satisfactorio en la gestión pública pueda emitir acciones.

Tales acciones serán: promociones de solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, en el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y de juicio político, y las establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.

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