La Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, que presiden los diputados Juventino Castro y Castro y Rubén Ignacio Moreira Valdez, respectivamente, se reunieron con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para analizar la minuta que reforma diversos artículos constitucionales en la materia.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que México vive momentos difíciles en materia de derechos humanos y “corresponde a los legisladores dar una respuesta a este tema”.

“Existe interés por desahogar a profundidad la minuta del Senado; es muy bienvenida en estos momentos, todos reconocemos el trabajo de la colegisladora por el momento oportuno en el cual se está discutiendo”, agregó.

Explicó que antes de concluir el periodo de sesiones, se hizo una votación en lo general de la minuta, “pero estando en la discusión los puntos fueron de tanto interés, que percibimos que requería una reflexión profunda y hemos emprendido un trabajo detenido”.

El senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, señaló entre los objetivos de la minuta destaca modificar la denominación del capítulo primero de la Constitución para incluir el término “Derechos Humanos” y añadir sus garantías.

Además, fortalecer el reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano y establecer el deber del Estado de protegerlos; hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos tutelados; revisar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales; y que en caso de suspensión de garantías las apruebe el Congreso de la Unión, no la Comisión Permanente.

Asimismo, establecer garantías que no estarían sujetas a suspensión; protección de derechos humanos como uno de los principios rectores de la política exterior mexicana y robustecer mecanismos judiciales de protección de derechos humanos ampliando la competencia en materia de juicio de amparo.

Al participar, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de esta reforma: “es un debate nacional sobre un tema fundamental de la Constitución y no podemos hacer grilla para dirimir controversias políticas o necesidades de seguridad pública del gobierno federal.

“La CNDH no tiene dientes y no le están dando dientes, ni postizos; decir que aquí vamos a llamar a los funcionarios es la feria de los regaños, se van regañados y las cosas se quedan como están”, puntualizó.

Propuso “que la CNDH pueda pedir la investigación a la Suprema Corte” y comentó que con las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos se busca darles realmente protección.
Señaló que en la propia Constitución se violan los tratados internacionales. Planteó que los tratados de derechos humanos tengan garantía Constitucional, “no se les aumenta la jerarquía, se aumenta a los jueces de más alto nivel”.

En su intervención, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que es fundamental una reforma de estas características, no solamente para la vida institucional de la CNDH, sino para la sociedad mexicana.

Señaló que las modificaciones a la Carta Magna constituyen una base importante para hacer realidad el anhelo de justicia y la plena vigencia de los derechos humanos, y es un elemento más para frenar el abuso del poder.

Dijo que México enfrenta una problemática muy seria, “particularmente en instancias de procurar justicia nos niegan de manera frecuente y sistemática el acceso a la información”.

Resaltó la importancia de incluir en el artículo 102 la obligación constitucional de los servidores públicos de dar respuesta a la sociedad respecto la dirección del ejercicio de su cargo.

“Qué sentido tiene reconocer derechos en la Constitución o en tratados internacionales, si no se hacen efectivos o no existen los lineamientos adecuados para llevarlos a la práctica”, cuestionó.

En su turno, el diputado Emilio Chuayffet Chemor (PRI) indicó que está bien la ampliación de los derechos humanos, “pero faltó el derecho de los niños, el derecho de la indemnización, el de rectificación o respuesta”.

Estimó que “llamar a la CNDH autoridad investigadora, el llamarla autoridad trae una serie de consecuencias aparejadas, la primera es conducirse con absoluto respeto al principio de legalidad y estar sujeto a la Corte en esta materia, por lo que se deben estudiar las consecuencias para la CNDH de esta declaración”.

Se pronunció por aprobar la reforma, “trabajemos todos los días para que salga antes de septiembre y merezcamos un ejercicio mínimo de construcción de esta reforma, porque como Cámara revisora tenemos una tarea, cumplámosla y enriquezcamos la reforma”.

Al hacer uso de la palabra, el ministro José Ramón Cossío Díaz, coincidió en que México vive momentos difíciles en materia de derechos humanos, por lo que esta reforma, en particular lo que se refiere al juicio de amparo, resolvería muchos problemas.

“Es una iniciativa buena, completa, sistemática, que resuelve mucho de lo que hoy en día tenemos para hacernos cargo en estos momentos difíciles de la defensa de los derechos fundamentales”, puntualizó.

Manifestó que tiene buenos efectos en el interés jurídico, en definición de autoridad, control derechos humanos y garantías individuales; en el proceso de realización técnica y una buena solución en cuanto al tema de las sentencias de amparo.

Indicó que en este tiempo de lucha contra la delincuencia organizada, de necesidad de ordenación de poderes fácticos se debe pensar de mejor manera la Ley de Amparo, de manera integral, para que el Poder Judicial realice sus funciones completamente”.

Señaló la necesidad de racionalizar el juicio de amparo. “No quiere decir denegar la posibilidad de acceso, sobre todo en un país en el que el acceso a la justicia es tan escaso y tan complicado”.

Mencionó que, según el informe de la SCJN del año pasado, se conoció de un millón de amparos, “lo cual implica un crecimiento en el número de tribunales colegiados, juzgados, en capacitación, en carrera judicial, que parece que será una espiral muy difícil de racionalizar, pues cada vez se complica más el control y supervisión, en el mejor sentido de la palabra, de los funcionarios”.

Enseguida, el ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel refirió que la limitación del juicio de amparo directo a “casos de trascendencia e importancia” es un ataque a la justicia mexicana.

Afirmó que si se admite que el juicio de amparo vulnera la autonomía estatal “también debe aceptarse que esa vulneración se da en el amparo indirecto y eso es insostenible, pues implica la proscripción absoluta del amparo”.

Rechazó que exista un abuso del amparo directo en México, pues se ha reconocido la poca confianza ciudadana hacia los órganos de impartición de justicia. Dijo que de acuerdo con el informe estadístico emitido por la SCJN, en 2008 ingresaron 139 mil amparos directos, que representan 51.3 por ciento del total de los asuntos entre los 188 tribunales colegiados de circuito; lo que equivale a un promedio de 727 juicios directos por cada uno, es decir 60 amparos mensuales.

De los amparos resueltos, 36.91 por ciento fue concedido; 55.86 por ciento fueron negativos y 6.17 por ciento de sobreseimiento. Porcentualmente son muy pocos los amparos que se promueven en relación al número de habitantes de México, pues de 105 millones de mexicanos, el porcentaje es de 0.0013 amparos directos por habitante”.

“Si se pretende que sólo se admitan las demandas de amparo que entrañan la fijación de un criterio de trascendencia e importancia –que revistan interés excepcional o sean inéditos para el orden jurídico—, la población se verá privada del único medio existente para reparar los yerros de la autoridad judicial estatal, así como las intromisiones de los gobernadores, quienes podrán hacerlo a voluntad, a sabiendas de que nadie examinará las sentencias de los jueces y tribunales de su entidad”.

Indicó que el amparo directo debe continuar “porque no hay confianza del pueblo en los tribunales superiores de justicia, que están en manos de gobernadores y de caciques locales”.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, señaló que las reformas no son la panacea de los derechos humanos pero sí atienden los cambios más urgentes.

Destacó que el hecho de evocar por primera vez en la Constitución Política los derechos humanos, contiene una trascendencia simbólica para los ámbitos jurídicos, políticos y culturales.

Con la aprobación de la minuta, puntualizó, se evitará seguir abriendo mundos distintos, en donde lo que se suscribe en los tratados internacionales se desvíe de la realidad interna.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI) mencionó que existen algunas cosas que preocupan de la minuta, las cuales deben analizarse y enfatizó que lo que se busca es fortalecer realmente a la CNDH.

La representante adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Liliana Valiña, señaló que es el momento de abordar una verdadera reforma que dé lugar a la noción de derechos humanos y a las obligaciones internacionales de México en esta materia en la Constitución.

Enfatizó que México ha estado muy activo en la elaboración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha participado en su redacción y ratificado estos tratados. “Lo que pasa en la práctica es que a la hora de aplicar estos tratados los funcionarios públicos tienen dudas y la realidad es que la norma no se aplica”.

En su oportunidad, el director del Programa de Cooperación en Derechos Humanos México-Comisión Europea, Juan Carlos Gutiérrez Contreras respaldó las reformas, aunque expresó que no son los cambios ideales ya que no resolverán todos los problemas constitucionales y jurídicos existentes.

Resaltó que la reforma es un paso importante, pero ello no significa que las organizaciones no gubernamentales “vayamos a ceder que el arraigo se elimine de la Constitución, así como la definición de la delincuencia organizada”.

Se pronunció por impulsar las reformas en la Cámara de Diputados y destacó la participación de las organizaciones en la discusión de las mismas.

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