Integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios se reunieron con funcionarios para analizar la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, emitida por el Ejecutivo el pasado 12 de mayo y turnada a la comisión, la cual representará una señal positiva del Gobierno en materia de derechos humanos.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, presidenta de la comisión, expresó que “es una iniciativa que hemos estado esperando en el Congreso y que hablará en términos generales de los instrumentos jurídicos que tenemos en nuestro país”.

Recalcó que hace falta un instrumento vanguardista acorde a las necesidades, sabiendo que México es un país que abre las puertas a los extranjeros. “Es necesario que en determinado momento aquellos que necesiten refugio o protección complementaria sientan que en este país se les brindan las condiciones necesarias”.

Katya Somohano Silva, Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), mencionó que se presenta esta ley porque hoy en día no se cuenta con una legislación especializada en materia de refugiados, “aunque la gran mayoría de las sociedades modernas democráticas, por lo menos en América Latina, tienen ya una legislación al respecto”, afirmó.

Consideró que la iniciativa ha sido trabajada con el Instituto Nacional de Migración, de tal manera que no obstaculiza las disposiciones que ellos impulsan, sino que forma parte de las mismas.

La iniciativa tiene por objetivo garantizar la protección de nacionales de otros países que requieran salvaguarda y defensa de sus derechos fundamentales, a la vez que refuerza el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales de México, reconociendo su condición de refugiado para que su vida, su libertad y su seguridad no puedan estar en riesgo, sin importar su nacionalidad, religión, raza, género, la pertenencia a un grupo social y las opiniones políticas que tenga.

También instaura la protección a la familia del refugiado, establecer las condiciones para reconocerlo y crear políticas públicas que garanticen la protección a sus derechos.

Somohano enfatizó que si alguna persona falsifica sus datos o su situación perderá su condición como refugiado y su protección; los plazos para resolver la situación de cada persona será de 45 días.

En su intervención, Fernando Protti Alvarado, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, comentó que es una iniciativa que da el sustento necesario para los compromisos internacionales de México.

“Es una iniciativa que mejora lo que hay ahora y que incluye principios básicos a la no discriminación, la no sanción por el ingreso irregular, el respeto a la unidad familiar, la confidencialidad y el principio del interés superior del niño”.

Los integrantes de la Comisión acordaron estudiar dicha iniciativa, ya que consideraron que hay asuntos que requieren analizar con mayor profundidad.

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