Hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación ha autorizado la instalación de 350 centros de apuestas o casinos, de los cuales ya operan en todas las ciudades del país más de 210 establecimientos, indicó el diputado Martín Vázquez Pérez (PRI).

El secretario de la Comisión de Turismo, recordó que tan sólo en 2009 la dependencia autorizó 650 sorteos, dos mil peleas de gallos, 800 carreras de caballos, así como 4 ferias regionales en las que se permitió el cruce de apuestas.

Mencionó que, a la par de la industria legal, el número de establecimientos ilegales ha crecido de manera alarmante. “Estos lugares ofrecen juegos con apuestas sin contar con el permiso de Gobernación, desde máquinas tragamonedas prohibidas, pasando por los naipes, hasta las peleas de gallos que se celebran clandestinamente en todas las poblaciones del país”.

Para supervisar y controlar a la industria legal, así como combatir al juego ilegal, subrayó, la Secretaría apenas cuenta con 48 inspectores, pero, además debe enfrentar todos los días una gran cantidad de juicios en esta materia, debido a que el marco jurídico vigente contiene lagunas legales de las cuales se abusa con frecuencia por parte de los operadores ilegales.

“La Secretaría de Gobernación pierde gran cantidad de estos litigios y los que no, se alargan lo suficiente, mientras que los operadores ilegales continúan actuando gracias a las suspensiones que obtienen durante los procesos judiciales”, abundó.

Por ello impulsa un punto de acuerdo para que las Comisiones de Turismo y de Gobernación de la Cámara de Diputados creen una Subcomisión Unida para el estudio, redacción y dictamen del proyecto de la Nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.

Vázquez Pérez puntualizó que es fundamental dotar al Estado de un marco jurídico moderno que permita obtener importantes beneficios de esta actividad, al mismo tiempo que ayude a controlar los riesgos inherentes.

“La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos no sólo es conveniente sino sumamente necesaria”, abundó.

Enfatizó que una reforma de ley no debe resultar en una apertura irresponsable sino, por el contrario, conservar y fortalecer su carácter restrictivo, eliminar cualquier discrecionalidad, brindar tanto a los inversionistas, pero sobre todo a los usuarios, claridad y certeza.

-- ooOoo --