El Servicio de Administración Tributaria tiene alrededor de 540 auditorías en empresas de contratación de personal (outsourcing) por evadir, entre otros, el pago del Impuesto Sobre la Renta, el impuesto sobre nómina y el pago de las obligaciones obrero-patronales, dejando sin seguridad social a los trabajadores, señaló el diputado Armando Ríos Piter (PRD).

La conducta de evasión consiste, dijo, en transferir a los trabajadores de una empresa a otra figura mercantil o asociativa de manera simulada, como son las Sociedades Cooperativas, las Sociedades en Nombre Colectivo, Empresas Integradoras e Integradas, a través de las cuales se evita el pago de reparto de utilidades, impuestos federales, locales y las contribuciones de seguridad social.

Denunció que “estas sociedades registran como socios cooperativistas o industriales (realmente empleados) al personal que se les transfiere de la empresa original, de tal modo que reciben remuneraciones bajo el concepto de previsión social, alimentos, bonos, entre otros”.

El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dijo que desde el 10 de marzo de 2009, el SAT detectó que 230 mil trabajadores se encontraban laborando en estas sociedades y se ubicaban 19 despachos que ofrecían asesoría a empresas para incurrir en estas prácticas, como es el caso de la Consultoría Inteligencia en Dirección de Negocios.

Subrayó que en esa fecha, los impuestos evadidos ascendían a tres mil 400 millones de pesos.

Por ello, impulsa un punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entreguen un informe que incluya el listado de las personas físicas y morales que estén incurriendo en evasión fiscal y evasión del pago de obligaciones de seguridad social de los trabajadores a través de los esquemas de outsourcing.

El punto de acuerdo que es analizado por la Tercera Comisión de la Permanente, pide se dé a conocer los detalles de los resultados que han obtenido en el combate a este tipo de actividades derivado de sus acciones unilaterales y conjuntas de fiscalización.

Ríos Piter resaltó que tales dependencias y entidades de la Administración Pública Federal han suscrito diversos convenios de coordinación con la finalidad realizar conjuntamente acciones de fiscalización para una rápida detección de estas empresas.

Abundó que de los acuerdos bilaterales entre el Infonavit y el SAT; la STPS y el IMSS, han permitido detectar a 540 contribuyentes sujetos a auditoría.

Por lo que, “para contribuir a generar una mayor transparencia y condiciones de equidad entre los millones de contribuyentes que cumplen a cabalidad sus obligaciones fiscales es preciso señalar los nombres de las personas físicas o morales de las que ya se tienen comprobados los hechos de irregularidad”, enfatizó.

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