En reunión de trabajo con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los Feminicidios registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero señaló que aproximadamente mil 500 mujeres mueren anualmente en el país, pero que las cifras no son exactas porque hay un sinnúmero de desapariciones que deben ser investigadas.

Es necesario, dijo, desarrollar una estadística que registre las averiguaciones previas y el resultado del proceso de la investigación.

Los datos que se tienen sobre los feminicidios en el país, añadió, no son confiables, porque están basados en el registro de las defunciones y están mezclados los asesinatos accidentales, incidentales y atropellamientos.

“Le pedimos que agregue entre sus propuestas el registro, considerando incluso lo que resulta del proceso indagatorio, porque por esa debilidad de las cifras es poco útil analizar qué pasa. En el caso del DF la mayor parte de los registros que tiene esta estadística habla de muertes en la vía pública, por lo tanto no sabemos si efectivamente son feminicidios o simplemente muertes accidentales de mujeres”, puntualizó.

En tanto, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa anunció que hoy se publica en la Gaceta Oficial del DF, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración del protocolo para la búsqueda inmediata de niñas y mujeres extraviadas o ausentes en riesgo de ser víctimas de delito y en especial de violencia sexual.

La ruta para la elaboración del protocolo, subrayó, será: implementar acciones y búsquedas de emergencia en las primeras 48 horas contadas, a partir de que se denuncien casos de niñas o mujeres extraviadas, así como determinar mecanismos ágiles de coordinación e intercambio de información entre las diferentes instancias de gobierno local y federal.

El procurador propuso a la Comisión llevar a cabo un trabajo vinculante para lograr una estadística confiable en torno a los feminicidios.

Externó su preocupación porque muchos de los homicidios que se registran en el Distrito Federal tienen que ver con el narcomenudeo, sobre todo, en las zonas limítrofes de la ciudad como son las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Milpa Alta.

“Se han dado ejecuciones de mujeres que después de las investigaciones sabemos que participaban en las estructuras de los narcomenudistas”, afirmó.

Indicó que la Procuraduría a su cargo trabaja en los casos de feminicidios, sin embargo, dio a conocer que no existe, dentro de los códigos, un protocolo de atención a los esquemas de la celotipia, que es donde previamente existen amenazas y se concluye con el homicidio, “por lo tanto, no se sancionan las amenazas hasta que se cumplen”.

La diputada Incháustegui Romero (PRD), se manifestó por darle seguimiento a la sentencia de Campo Algodonero que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, por los casos de tres niñas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mencionó que si bien el Distrito Federal no está involucrado directamente en la sentencia, todas las entidades del país y todos los poderes que constituyen el Estado mexicano, “estamos compelidos a dar cumplimiento a muchas de las observaciones que está planteando la Corte Interamericana porque se trata de acciones, en algunos casos preventivas y otros de atención a víctimas que tienen que incorporarse”.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) expresó que hay un gran interés por lo sucedido en Ciudad Juárez, ya que ha sido señalado a nivel internacional por tantos feminicidios y asesinatos contra mujeres no aclarados, “de tal manera que como Comisión estaremos muy pendientes de que las autoridades cumplan con esa sentencia del Campo Algodonero y no solamente para crear un precedente de justica en dicha ciudad”.

Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún mencionó que el tema de feminicidios y de cómo la procuración de justicia asume los deberes con la población, es uno de los más importantes, “ciertamente el de la seguridad en nuestro país en estos momentos es uno de los que se argumentan mucho, creo que se trabajó poco en términos generales sobre darle seguridad a la población, pero lamentablemente es más grave para el caso de las mujeres”.

Dijo que es muy común que los gobiernos hagan propuestas o diseñen programas y que después éstos no sean evaluados, por lo que propuso realizar mecanismos y plazos de una evaluación que permita conocer si están funcionando.

María de la Paz López, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), comentó que les preocupa tener datos de las averiguaciones previas, como una cifra regular que debe ir acompañada de toda la investigación que se hace de los feminicidios.

“Es una de las piezas clave de la sentencia que se hace del Campo Algodonero y me gustaría escuchar si la Procuraduría del DF está pensando en trabajar en este sentido. Es una cifra que necesitamos para actuar y avanzar y dar respuesta a la sentencia del Campo Algodonero”, añadió.

Por su parte, María de Lourdes Rodríguez Rosas, del Inmujeres de la delegación Venustiano Carranza, preguntó cuál es la cifra negra de desapariciones en el DF y de cuántas personas se llegan a encontrar.

También cuestionó cuál es la intervención de la PGJDF en el corredor de Circunvalación y San Pablo de la colonia Centro, “porque tengo la impresión de que sí han atacado, pero cuándo mucho el 10 o 20 por ciento del fenómeno de trata y prostitución que se da en esos corredores”.

Lucía Lagunes Huerta, Directora de la Agencia de Noticias CIMAC, afirmó que el Estado mexicano tenía todas las alertas para prevenir los asesinatos del Campo Algodonero, ya que muchas de las mujeres asesinadas tenían denuncias presentadas en las instancias y no fueron atendidas.

En este sentido, cuestionó las acciones que se han desarrollado para salvar la vida de las mujeres en el DF, “no necesitamos esperar a que haya más asesinatos de mujeres para actuar”.

En respuesta, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), destacó que la Ciudad de México no se ha caracterizado por ser un espacio violento para las mujeres desde la perspectiva de género.

Añadió que en prevención del surgimiento del fenómeno social de discriminación, desaparición, extravío o violencia sexual, la Procuraría reitera su compromiso con hechos y acciones orientadas a la protección y salvaguarda de los derechos civiles de las mujeres y de las niñas.

Actualmente, recordó, millones de mujeres son jefas de familias y madres a la vez, lo que ha propiciado que busquen oportunidades laborales lejos del seno familiar, para lo cual tienen que conseguir empleo en otras entidades del país, en el absoluto desamparo y la falta de protección.

“Su desplazamiento no es por gusto, por hobbie o por espíritu de aventura, sino por absoluta necesidad económica. El contexto social en las zonas fabriles, maquiladoras y de cultivo es de alto riesgo para la integridad física y emocional de las mujeres, quienes son permanentemente acosadas, lastimadas e incluso privadas de su vida”.

Mancera Espinosa señaló que en próximas fechas la Procuraduría dará a conocer a las instituciones y a la sociedad la creación del Banco de Datos Biométricos de Huella Dactilar, cuyo propósito consiste en determinar los mecanismos de protección a los derechos de las niñas y niños víctimas del delito.

Agregó que para dar cumplimiento con la normatividad internacional en materia de derechos de las mujeres, la PGJDF ha impartido a los servidores públicos de la institución diversos talleres sobre derechos humanos y perspectivas de género, para que incorporen en su tarea diaria los conceptos fundamentales.

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