Es necesario elaborar la propuesta de un mecanismo jurídico para que el Estado Mexicano cumpla con las sentencias de las cortes internacionales, afirmó la diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD), presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

Lo anterior, durante una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de conocer y analizar las acciones emprendidas para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dijo que esta comisión está obligada a “facilitar el terreno para que transiten estas recomendaciones, para que se apliquen y que el Estado mexicano pueda salir airoso de esta sentencia, que cumpla y refrende ante la comunidad internacional y regional su compromiso para garantizar los derechos humanos de las mujeres”.

Apuntó que a seis meses de emitida esta sentencia se debe conocer qué ha ocurrido respecto a las recomendaciones al Estado mexicano en el caso de los feminicidios y saber cuáles acciones no se han emprendido, pues los plazos que plantea la CIDH van de seis meses a tres años.

Señaló que las instituciones de procuración de justicia no han garantizado el derecho a la justicia, a la verdad, al proceso debido y la reparación del daño para las víctimas, por ello, subrayó, la CIDH falló en contra del Estado mexicano, por considerar que omitió acciones que debieron haberse realizado y ha planteado acciones que debe realizar.

Refirió que los homicidios de mujeres no están tipificados como feminicidios y suman aproximadamente mil 500 al año; “la mayor parte de ellos se cometen en el hogar, a diferencia de los homicidios masculinos, cuya gran mayoría se produce en los espacios públicos”.

En el evento, los funcionarios señalaron que es necesario adoptar una política integral, coordinada y respaldada con un ordenamiento jurídico y recursos suficientes que garanticen que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos, investigados, sancionados y reparados.

El titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, José Antonio Guevara Bermúdez, planteó crear una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano, pues actualmente se trabaja sobre la base de la buena fe y del compromiso político de los diferentes niveles de gobierno.

“Debemos contar con una ley que ayude a resolver muchos de los retos, problemas u obstáculos a los que nos enfrentamos”.

Añadió que la legislación debe establecer que cuando las resoluciones impongan cuestiones de medidas legislativas, se les dé atención prioritaria.

Propuso que el Poder Legislativo promueva las reformas necesarias para armonizar la ley y las prácticas a nivel nacional a fin de combatir el feminicidio, “sin necesidad de esperar a que otro Poder tenga que presentarle la iniciativa”.

Mencionó que la modificación constitucional en materia de derechos humanos fortalecerá el andamiaje jurídico para cumplir con obligaciones internacionales en la materia y, en particular, con esta sentencia.

“Es un asunto en el que todos los Poderes de la Unión deben estar involucrados en el marco de sus respectivas áreas de interés y competencia para promover el cumplimiento de la sentencia”.

El cumplimiento y ejecución de la sentencia, destacó, involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del estado de Chihuahua con el apoyo del Gobierno federal. “Si bien la responsabilidad no corresponde al Gobierno federal y no se desprende responsabilidad federal, sí tenemos un rol de promoción de los principios emanados de la sentencia”.

Explicó que otro reto en el cumplimiento de ésta y otras sentencias, es el establecimiento de un fondo al que pueda acudir la autoridad “para pagar indemnizaciones y gastos relativos a memoriales u otras cuestiones que deriven del cumplimiento de la sentencia, por ejemplo el pago de seguros médicos privados”.

Más adelante, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Laura Carrera Lugo, reconoció que hay un compromiso del Estado en el cumplimiento integral de la sentencia y contribuir a la erradicación de la violencia de género.

Indicó que el orden jurídico no contempla una regulación específica que permita dar cumplimiento a resoluciones emitidas por organismos internacionales, cuya jurisdicción haya sido reconocida por México, como es el caso, lo cual ha significado un obstáculo para dar resultados de forma más oportuna y expedita.

Dijo que las acciones para la ejecución de los resolutivos de la sentencia deben estar enfocadas a dignificar a las víctimas y reparar el daño causado a sus madres y familiares, así como trascender para cambiar la cultura de discriminación contra la mujer que ha incidido en los grados de violencia que viven las mujeres de Ciudad de Juárez y de todo el país.

Esas acciones se refieren a la estandarización de protocolos, manuales, servicios periciales, impartición de justicia en delitos de desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres; adecuación del protocolo Alba; una página electrónica con los datos de las mujeres desaparecidas; una base de datos con información genética de mujeres y niñas desaparecidas y capacitación de funcionarios, todo lo cual, dijo, garantizará que no se repitan estos hechos y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

La diputada Adriana Terrazas Porras (PRI) indicó que es necesario determinar qué instancia se hará responsable del pago por reparación del daño, ya que se exigió al gobierno del estado el pago del 50 por ciento de daños a familiares de las víctimas.

Refirió que se debe investigar a servidores públicos que incurrieron en violaciones a derechos humanos en la integración de la investigación de Campo Algodonero y que generaron la responsabilidad del Estado mexicano, añadió.

En su oportunidad, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) exigió mayor velocidad en la actuación de las autoridades en el cumplimiento de sentencias y dijo que falta agilidad de la justicia mexicana y hay “nulos avances en el caso”.

Señaló que hay un atraso en la materia, incluso en la construcción del memorial dirigido a las personas que fallecieron víctimas de la impunidad.

Criticó la falta de interés para saldar la deuda con las familias, por lo que sugirió la creación de un fondo para sentencias. “La primera demostración de falta de interés es que no esté aquí el señor Gómez Mont”, enfatizó.

“Sus respuestas insuficientes demuestran el desinterés por parte de la Secretaría de Gobernación, es increíble que en seis meses no hayan topado con ninguno de los funcionarios responsables de esta catástrofe e impunidad”.

Afirmó que se busca dilatar la Sentencia de Campo Algodonero, al argumentar procesos en transparencia de recursos económicos o problemas de legislación interna.

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