En reunión de trabajo de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, diputadas y funcionarias del estado de Chihuahua señalaron que muchos de los homicidios registrados en esa entidad están relacionados con el crimen organizado.

La presidenta de la Comisión, diputada Teresa Incháustegui Romero, indicó que el caso de Chihuahua, en particular el de Ciudad Juárez ha sido estigmatizado por la situación de violencia social y criminal que hay en la zona.

Destacó que a partir de 2008 se disparó el número de homicidios de mujeres en Chihuahua, “muchos de estos seguramente están relacionados con la cuestión del crimen organizado, otros serán específicamente feminicidios que se producen por tratantes de mujeres, traficantes de personas y parejas violentas”.

Solicitó desarrollar registros atinados sobre estas muertes para saber cómo se dan. “Hasta el momento más de la mitad de estos feminicidios registrados en 2008 se producen al interior del hogar”, denunció.

Cuestionó qué está haciendo el gobierno del estado y el municipal a favor de la prevención y en la realización de un registro más preciso de todas estas muertes.

La Procuradora General de Justicia del estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, señaló que los feminicidios no han parado en el estado y que están asociados con la delincuencia organizada.

En ese sentido, dijo que se pretende tener investigaciones criminales exitosas a través de los protocolos y manuales con perspectiva de género.

Precisó que próximamente se inaugurará un centro de investigación de delitos de género y violencia doméstica en Chihuahua, y se trabaja en otro en Ciudad Juárez, que llevarán a cabo indagatorias criminales con acompañamiento de la sociedad civil y desde el punto intelectual.

María Isela Torres, en representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, enfatizó que esta ciudad está pagando la peor parte de la guerra contra el narcotráfico, “donde a nosotros nos está tocando poner los muertos”.

Se siguen teniendo muchas quejas de abusos por parte de la policía federal a cargo de la seguridad pública municipal, “las corporaciones que deberían estarnos cuidando son las que están infundiendo temor a la ciudadanía”, dijo.

Subrayó que todavía no tienen el número de policías que Ciudad Juárez requiere, pero se implementaron 9 academias de policía de cuatro meses de duración cada uno de ellos y en el que participó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se introdujo la capacitación con perspectiva de género. “Porque la educación que traen muchos de los policías todavía es una actitud misógina”.

En relación con el caso del Campo Algodonero, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), dijo que aún hay pendientes sobre la investigación de los funcionarios omisos que no cumplieron con la responsabilidad en aplicar tanto los criterios técnicos y sobre aquellas agentes ministeriales, policiales y diversos funcionarios que pudieran estar involucrados en el hostigamiento a las familias de víctimas referidas en el proceso.

Del PRI, la diputada Adriana Terrazas Porras indicó que se trabaja eficazmente para darle solución a la problemática y cumplimiento a la sentencia, por lo que propuso la creación de un fondo para la indemnización de las víctimas, dado que el gobierno estatal ha invertido bastante para capacitación, justicia y en todo lo que la sentencia ha marcado.

“Desafortunadamente no se han terminado los feminicidios en Ciudad Juárez; casi es una muerta diario relacionado con el crimen organizado en esta guerra que se dio a partir del 2008 y que en donde a Ciudad Juárez nada más nos ha tocado poner los muertos”, agregó.

Por Acción Nacional, la diputada María Antonieta Pérez Reyes dijo que no es posible que quien está a cargo de la seguridad en Ciudad Juárez no tenga las prestaciones básicas que los dignifique y los aleje de la corrupción. “Es cierto en esa ciudad la administración no ha tenido la sensibilidad y el atino de darle estas prestaciones dignas a un cuerpo de prevención como lo es la policía municipal”.

Solicitó a la procuradora estatal un informe sobre el avance de la investigación del caso del Campo Algodonero; su apoyo para que sea otorgada la indemnización a las familias víctimas del caso, y dé respuesta a la solicitud de la Asociación Nacional de Abogados que conforman las madres de las mujeres desaparecidas.

En tanto, la diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) mencionó que a las familias de las víctimas no se les ha proporcionado atención médica y psicológica como lo establece la sentencia, por lo que cuestionó qué programas se les está brindando y qué se está haciendo con el trámite del pago de indemnizaciones.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) señaló que lamentablemente el modelo de violencia en Ciudad Juárez y Chihuahua se está reproduciendo en muchas ciudades y estados de la República.

“Sería importante trabajar con los jueces y magistrados para revisar el tema del abuso de autoridad y sí se debe o no cambiar la legislación al respecto. Uno de los temas más lacerantes de este país es la impunidad”, resaltó.

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