Las escuelas de educación pública-básica recaudan cada año más de 17 mil millones de pesos a través de “cuotas voluntarias”, comedores, tiendas o cooperativas, mismas que aportan en conjunto los padres de más de 25 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, señaló el diputado Balfre Vargas Cortez (PRD).

Dichos recursos, dijo, “son manejados en su gran mayoría con discrecionalidad en beneficio personal o incluso hurtados por directores de planteles o integrantes de asociaciones de padres de familia”.

“En el periodo de inscripciones y reinscripciones, se exige la aportación de cuotas para el mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones educativas públicas, y en muchos de los casos son las propias autoridades escolares quienes exigen el recibo de pago a los padres de familia como requisito para la inscripción, lo que evidencia el grado de colusión del personal y la flagrante violación al derecho a la educación consagrado en la Carta Magna”, abundó.

Vargas Cortez denunció que este cobro daña no sólo la economía de los que menos tienen, sino afecta la dignidad y el rendimiento de los menores al ser objeto de discriminaciones, exclusión, inequidad e incluso hasta de retención de documentos para quienes no cumplen con la “aportación voluntaria” a las sociedades de padres de familia.

Aunado a este cobro, subrayó, existe el problema de que las mismas no son objeto de fiscalización por ningún órgano y son administradas al arbitrio de las mesas directivas de cada "sociedad de padres de familia" o en muchas ocasiones sólo por el presidente de ésta.

Por ello, el diputado presentó un punto de acuerdo, que analiza la Segunda Comisión de la Permanente, en el que se pide al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alfonso Lujambio Irázabal y a los secretarios del ramo en las entidades federativas, que en el ejercicio de sus atribuciones, prohíban y eviten las llamadas “cuotas voluntarias” en las escuelas de nivel básico.

El diputado resaltó que “el régimen político ha cerrado los ojos al cobro de cuotas en las escuelas públicas para garantizar la lealtad de los directivos, en su papel de control sobre los maestros, al permitirles que, con el pretexto de las carencias reales de material e infraestructura en los planteles, se alleguen de recursos para su peculio de manera subrepticia”.

Subrayó que el problema es bastante complejo, pues la práctica de solicitar e incluso exigir cuotas “voluntarias” supone, por una parte, un elemento básico de debate sobre lo que significa la gratuidad de la educación pública, y por otra, un problema de transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el uso de los recursos que se obtienen por esta vía, así como de acceso a la información pública.

“No debe existir condicionamiento alguno para acceder a los servicios de educación pública mediante la aportación de recursos por parte de los padres de familia, aun cuando sea por acuerdo de cualquier instancia escolar”, enfatizó.

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