El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Armando Ríos Piter (PRD) se manifestó para que el Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, conforme un fondo de apoyo para los connacionales afectados por la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en Arizona, Estados Unidos.

A través de un punto de acuerdo, pidió que estas dependencias elaboren y presenten una estrategia integral por medio de la cual se dé atención oportuna a la deportación de connacionales para la protección de sus derechos, acceso al empleo y servicios una vez repatriados.

Mencionó que independientemente de las consideraciones de discriminación que genera esta ley, lo cierto es que se dará una detención masiva de connacionales y una vez corroborado su estatus vendrán las deportaciones respectivas.

El documento, que analiza la Segunda Comisión de la Permanente, precisa que la contingencia no es menor ya que en 2006 el Centro de Estudios Migratorios de los Estados Unidos señala una cifra de 500 mil indocumentados en Arizona con un cambio anual de 28 mil 333 ilegales.

Añade que si se considera una distribución de igual proporción al total de mexicanos en dicha entidad, se podría estar hablando, en el peor de los escenarios, de la deportación de poco más de 500 mil connacionales de Arizona, quienes necesitarán en primera instancia un apoyo directo para hacer frente a su emergencia, en tanto se les canaliza a fuentes fijas de capacitación y empleo para que puedan dar sustento a sus dependientes económicos.

Ríos Piter dijo que si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado acciones como la autorización de 100 mil dólares a los consulados para hacer frente al incremento de solicitudes de ayuda jurídica, protección preventiva y repatriaciones, así como la difusión de 100 mil dípticos informativos sobre la Ley, tales acciones “hasta el momento son incipientes e insuficientes para la magnitud de la problemática que se avecina”.

Tan sólo en los dípticos informativos, abundó, estos apenas alcanzarían para una quinta parte de los connacionales ilegales en esa entidad. “Sin mencionar que una vez entrada la Ley en vigor, comenzarán las pesquisas en Arizona y con ello la deportación masiva de mexicanos que demandarán empleo, seguridad social y servicios principalmente”.

Subrayó que considerando que más de 500 mil mexicanos son susceptibles de ser deportados y suponiendo que cada uno de ellos integra una familia promedio, podría tratarse de una contingencia que abarque a dos millones de personas.

De ahí la importancia de que el Ejecutivo Federal diseñe e instrumente una estrategia integral para canalizar a los inmigrantes a programas de ayuda económica, de empleo temporal, capacitación para el empleo y acceso a bolsa de trabajo.

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