El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Luis Ovando Patrón, afirmó que es necesario contar con un marco legal que organice el sistema penitenciario y que en materia de delincuencia organizada contemple un régimen especial que atienda la peligrosidad de ese tipo de criminales.

Señaló que la delincuencia organizada respecto de otros delitos requiere medidas especiales de seguridad, “esto, bajo la premisa de que frecuentemente tienen cómplices que a toda costa tratan de rescatarlos de la prisión mediante actos de corrupción y amenazas a los funcionarios que laboran en los centros de reclusión, poniendo en peligro a la sociedad y al propio sistema penitenciario.”

Por tal motivo, el legislador a través de una iniciativa que se envió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para expedir la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, busca incorporar la figura jurídica de un juez que vigile y controle la ejecución de la sentencias en las cárceles, atribución que es del Poder Ejecutivo.

Además, crear en cada reclusorio un consejo técnico interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión y reducción de la sanción, de la libertad preparatoria, y la aplicación de la retención.

Dijo que es necesario contar con instrumentes legales que vayan generando certidumbre social e institucional a la par de las exigencias democráticas del país, que son fundamentales para el desarrollo político, económico y social.

“Sin duda la desconfianza en el sistema penitenciario ha llegado al grado de considerar a las cárceles de nuestro país como verdaderas universidades del crimen, en donde el que ha delinquido no llega a readaptarse y mucho menos reinsertarse socialmente”.

La iniciativa también propone que el sistema penitenciario se organice sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

Dispone lo relativo a los convenios de coordinación entre la federación y las entidades federativas y se establece la obligación del personal penitenciario a tomar cursos de formación y actualización y los exámenes de selección.

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