La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Luis Videgaray Caso, emitió su opinión sobre el impacto presupuestal respecto a diversas iniciativas, entre las que destaca la relativa a la creación de la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, que sería de tres mil 200 millones de pesos en promedio anual para el periodo 2010-2015, para cubrir gastos de pensión vitalicia, seguro de vida y pago de marcha para adultos mayores de 70 años que viven en el campo.

En los documentos dados a conocer en una reunión, se aclara que las opiniones se formulan en la materia de competencia de esta Comisión, tomando como base la valoración de impacto presupuestario que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), por lo que el sentido del dictamen respecto de las iniciativas es de la exclusiva competencia de las Comisiones ordinarias a que se les dio turno.

Otra opinión emitida, se refiere a la iniciativa que propone expedir la ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro, que implica un impacto presupuestal de 161.8 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: 98.7 millones de la aportación de la Federación al Fondo de Apoyo a las Víctimas del Secuestro, y 63.2 millones de la aportación al Fondo de Responsabilidad de la Federación.

Por lo que hace a la Ley del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, la Comisión de Presupuesto opinó que implica un impacto presupuestal de ocho millones 627 mil 952 pesos anuales, por concepto de remuneraciones a los consejeros profesionales del Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo y al miembro, con carácter de independiente, del Comité de Auditoría.

En tanto, las reformas propuestas al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso implicarían un impacto presupuestal de 791 mil pesos.

Durante la reunión, también se aprobó un acuerdo que autoriza al presidente de esta Comisión, Luis Videgaray Caso, para solicitar, en coordinación con el CEFP, información adicional a las comisiones encargadas de dictaminar iniciativas, para que pueda efectuar la valoración de impacto presupuestario y emitirse la opinión correspondiente, sin menoscabo de la información que, de acuerdo con sus facultades, las citadas comisiones consideren pertinente requerir.

Por lo que corresponde a futuras iniciativas que se turnen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, en las que el CEFP requiera mayor información y elementos para realizar la estimación del impacto presupuestario, se autoriza al presidente de la Comisión solicitar a las comisiones encargadas de la dictaminación la información adicional que considere necesaria.

Al respecto, Videgaray Caso señaló que este punto no es menor, “estamos introduciendo un elemento que obliga a las comisiones ordinarias, que seguro no tendrán por sí mismas la capacidad de generar los elementos y tendrá que ir con el proponente para que se revise, corrija y adicione la información necesaria”.

Ello permitirá tomar una decisión, como Cámara de Diputados, “de si queremos o no tomar hacer de esa iniciativa una ley, a sabiendas de su impacto presupuestal”.

Agregó que si la Comisión de Presupuesto detiene una opinión presupuestal, también detiene el proceso legislativo y de dictaminación, porque si la comisión ordinaria dictamina sin la opinión correspondiente, incurre en una falta al marco normativo.

De ahí la importancia de poder solicitar información adicional, porque cuando una iniciativa en su texto no da elementos para evaluar su impacto presupuestal, “debemos preocuparnos todos, porque el espíritu de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy claro: no aprobar cosas que no sabemos cuánto le va a costar a las finanzas públicas, que es dinero de los mexicanos”.

Las iniciativas a que se refiere son: la que expide la Ley General de la Juventud; Ley Federal de Asistencia a las Madres Solteras Jefas de Familia, Ley Federal de Desarrollo y Protección a Madres Solas o Solteras.

Además, la iniciativa que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; otra, que expide la Ley Federal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Comercio.

Una más, que expide la Ley General de Banca de Desarrollo y la Ley para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos.

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