La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, diputada Rosi Orozco (PAN), señaló que una situación que ha agudizado la problemática de la pornografía infantil es la rapidez con que evolucionan las tecnologías de información, como el Internet.

Mencionó que a través de Internet las personas pueden ser víctimas de delitos como robo de identidad, fraude, engaño, extorsión, exposición ciberhostigamiento, pornografía, incitación al uso de drogas, violencia y suicidio, a secuestros reales o simulados y a pederastas y pedófilos.

Pero uno de los mayores riesgos, abundó, es la comercialización y funcionamiento de redes de trata de niños y niñas y de explotación sexual comercial infantil, dado que en la red el delito principal es el fraude, seguido por las amenazas y en tercer lugar la pornografía infantil.

Refirió que en la actualidad, México ocupa el primer lugar en apertura de páginas web de pornografía infantil y tiende a incrementarse más de 5 por ciento la distribución de videos de imágenes de abuso a recién nacidos.

Por ello, la diputada dijo que es necesario que se incorporen a las redes de telecomunicación en las legislaciones y se penalice el consumo, almacenamiento y el intercambio de pornografía infantil, “porque hoy estas lagunas facilitan que los pederastas y quienes comercian con pornografía infantil escapen a la justicia”.

A través de reformas al artículo 202 del Código Penal Federal, mismas que analiza la Comisión de Justicia, se busca inhibir y evitar el almacenamiento, arrendamiento y compra de material que contenga pornografía infantil, subrayó.

Rosi Orozco detalló que los compromisos internacionales adoptados por México obligan a actuar de manera más efectiva en contra de la pornografía infantil, así como hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en la pornografía.

Ante ese panorama, destacó la importancia de que se castigue con pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a dos mil días multa, a quien para obtener un beneficio de cualquier índole o con ánimo de lucro o sin él, financie, reproduzca, almacene, distribuya, comparta, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, difunda, importe o exporte por cualquier medio material pornográfico.

Con la propuesta, también se busca aumentar la pena de dos a seis años de prisión a quien almacene, compre, arriende dicho material, sin fines de comercialización o distribución, enfatizó.

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