México, por su escasa inversión en ciencia y tecnología (0.35 por ciento del PIB) está ubicado en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de patentes y capacidad inventiva, destacó el diputado Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza).

Citó como ejemplo que de las 48 mil 281 patentes que se registraron en las áreas de tecnologías de la información y comunicación, así como de biotecnología, del organismo internacional, solamente 10 pertenecen a México. En contraste, Estados Unidos de América registró 15 mil 200 patentes; Japón, 9 mil 880; Alemania, 6 mil 89 patentes.
“Podemos decir que México se ha convertido meramente en una oficina receptora de solicitudes de otras naciones para proteger invenciones en el territorio mexicano y no como motor del desarrollo de las empresas mexicanas y mucho menos como un productor real de nuevo conocimiento”.

Agregó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó en el año 2000 un total de 498 solicitudes de patentes de mexicanas, de las cuales concesionó 288. “Para 2007, las solicitudes eran 641 y las concesionadas apenas llegaron a las 199”.

Asimismo, dijo, pese a que más de 90 por ciento de los científicos del Sistema Nacional de Investigadores trabaja en una universidad o instituto de educación superior, esos centros académicos aportan menos de 0.6 por ciento de las patentes otorgadas en México.

Indicó que si bien es cierto que el Conacyt y el Sistema Nacional de Investigadores han impulsado la generación de científicos e investigadores y que, a su vez, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido, sobre todo en los últimos 3 años, una estrategia de ampliación de la cobertura del nivel superior sin precedentes, las cifras aún no son alentadoras”.

“Contamos con un científico por cada mil trabajadores activos mientras que, en contraste, Finlandia cuenta con 16, Suecia con 12 y Japón con 11. Desde décadas atrás tenemos un número reducido de investigadores, autores, científicos y egresados de la educación superior”.

En suma, dijo, nos encontramos lejos del límite inferior que debería destinarse como gasto federal en ciencia y tecnología: 1 por ciento del PIB.

Aunado a lo anterior, refirió Del Mazo Morales, muchos especialistas ven en la propiedad industrial un producto de primera necesidad solamente para los países con un amplio grado de desarrollo tecnológico, como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Italia.

“Por otro lado, la ven como un lujo para las naciones emergentes, como la nuestra, que tienen la necesidad de invertir en otros sectores considerados prioritarios, como salud, vivienda y alimentación. Esto genera un círculo vicioso que no permite a los países emergentes aspirar al desarrollo”.

Destacó que las universidades y escuelas de educación superior son por tradición y excelencia, los semilleros de capacitación para y desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin embargo, ese conocimiento se queda ahí y no trasciende hacia el espacio público.

“Cuando eso ocurre, gracias al vínculo educación-empresa, los mecanismos para su preservación, difusión y aplicación no cuentan con lineamientos ni respaldo gubernamental”.

El diputado Del Mazo Morales recordó que recientemente presentó ante el pleno de la Comisión Permanente, una iniciativa para promover el desarrollo tecnológico.

La propuesta, que es analizada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, plantea adicionar un inciso g al numeral XII, del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de que los investigadores de las universidades e instituciones de educación superior patenten sus invenciones.

Además, dijo el diputado, se busca que las instituciones educativas superiores capaciten a las Pyme, a efecto de promover el desarrollo y la protección de tecnología, así como las estrategias de aprovechamiento óptimo, derivadas de la transferencia tecnológica nacional e internacional.
Agregó que la adición de un párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, permitiría a las universidades e instituciones de educación superior, además de hacer pública la información relacionada con el desarrollo y la explotación de las patentes que en su interior se generen, que el desarrollo de éstas converjan en recursos públicos.

-- ooOoo --