La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), anunció que buscarán establecer una mesa de trabajo para tipificar como delito al feminicidio.

“Para nosotros es una prioridad, porque justo por la falta de claridad sobre cuáles son los delitos en donde el género y la discriminación es un factor detonante, es de la mayor importancia clarificar las competencias y la responsabilidad de las autoridades”, aseguró.

Al reunirse con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres para abordar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del “Campo Algodonero”, la diputada dijo que solicitarán a las autoridades del gobierno federal cubrir de inmediato la indemnización a los familiares de las víctimas.

Recordó que la sentencia va en contra del Estado mexicano por la omisión en la tutela de los derechos humanos de las víctimas de los feminicidios que se dieron en 2001, y en donde se habla de una indemnización de 12 millones de pesos, para sufragar el costo de la sentencia y hacer una indemnización de daños a las víctimas.

En cumplimiento a la sentencia, agregó que se elaborará una iniciativa que busque aclarar una serie de situaciones en donde el Estado mexicano está fallando en materia de protección y garantía de los derechos humanos.

Se mostró a favor de impulsar un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones de la Corte para la búsqueda de desaparecidas y de investigación de todos los homicidios contra mujeres en las procuradurías estatales.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán señaló que la sentencia del “Campo Algodonero” plantea el reto de rediseñar a las instituciones a partir de las mujeres, es decir, colocarlas en el centro de las políticas públicas y de los intereses supremos del Estado.

Por ello, expresó, es necesario debatir sobre la conveniencia de tipificar como delito el feminicidio a nivel nacional como el crimen de crímenes por razones de género contra las mujeres. “Esta medida legislativa mandaría un mensaje muy claro de que no se tolera desde el Estado ningún acto violencia contra las mujeres”.

Añadió que el menosprecio a los derechos humanos, sumado al colapso del Estado de derecho de la ciudad fronteriza, que contribuyó a que estos crímenes ocurrieran, debe ser una experiencia que jamás se vuelva a repetir. “Hago un llamado a todos los sectores involucrados para que sumemos esfuerzos y aprovechemos esta oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las mujeres en México”.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) destacó que para la tipificación del feminicidio existen muchas barreras, “nuestros compañeros no sólo no transitan sino que se burlan del término, porque ellos argumentan que por cada mujer que muere fallecen ocho varones, sí pero en diferentes condiciones, por lo que tendremos que hacer un gran trabajo para poder transitar a ello”.

En cuanto al cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero”, argumentó que es el caso más típico de cómo se encuentra la justicia en el país, en donde la responsabilidad no es el Poder Judicial solamente y ni del Gobierno federal, sino que “somos todos y todas”.

De Acción Nacional, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero se pronunció porque las víctimas tengan la reparación del daño, ya que esos 12 millones, “no pueden estar nadando; me parece que deberíamos concluir con tareas concretas en este sentido”.

Como Legislativo federal, agregó, debemos trabajar para que los congresos locales no sólo modifiquen sus legislaciones sino la ejerzan; dictaminar que los feminicidios sean un delito, pues “no podemos esperar más tiempo cuando las mujeres siguen siendo asesinadas y siguen siendo víctimas”, e ir trabajando para que se investiguen los feminicidios en el Estado de México.

Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún cuestionó si hubo o no responsabilidades de servidores públicos del estado de Chihuahua por el caso “Campo Algodonero”.

Solicitó tomar decisiones claras y firmes a favor de las mujeres, aun cuando esas posiciones sean compartidas con todos los responsables del gobierno federal.

La titular del Inmujeres, García Gaytán, se manifestó por discutir y aprobar una norma jurídica que permita delimitar con claridad los procedimientos y las instancias responsables de la implementación de la resolución de los organismos de derechos humanos, de la ONU o el sistema interamericano.

Urge, abundó, crear un Fondo Nacional de Reparación a Violaciones a los Derechos Humanos, del que puedan hacer uso las víctimas de violaciones. “Debemos de dar pasos decisivos para hacer que los violadores de derechos humanos asuman la responsabilidad de sus actos”.

Refirió que la “Línea Telefónica, Vida Sin Violencia”, registró, de enero 2007 a junio 2010, 75 mil 108 llamadas; la violencia psicológica es la más recurrente, seguida por la física, económica, patrimonial y sexual.

El principal espacio donde se generó la violencia, dijo, fue el hogar, en segundo lugar, los centros laborales; por grupo de edad, destacan de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Uno de los principales generadores de la violencia, es el esposo o la pareja, seguido por los padres; el estado civil que reportaron las usuarias fue casada y unión libre.

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