La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que preside la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, se reunió con investigadores, académicos y expertos en protección de refugiados, a efecto de recibir aportaciones para emitir un dictamen respecto a la Ley de Refugio y Protección Complementaria.

Dijo que con este espacio se busca que los expertos ayuden a fortalecer los instrumentos jurídicos de leyes vanguardistas que requiere el país.

La iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo busca el reconocimiento de la condición de refugiado, el otorgamiento de la protección complementaria, la protección, atención y asistencia institucional que otorga a los solicitantes y refugiados y la actuación de las autoridades.

Refirió que la ley surge de la obligación internacional para establecer en el marco jurídico nacional un ordenamiento especializado que atienda de manera integral la problemática que enfrentan los refugiados y las personas que requieren de protección complementaria.

“No se cuenta con una legislación especializada en la materia, por lo que podría lograr la armonización legislativa, impulsando la actualización, adecuación y difusión del orden jurídico nacional”.

Señaló que prevé una aportación en materia de protección internacional de las personas, la cual consiste en garantizar a todos los extranjeros el acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

También incorpora disposiciones que garantizan la atención especializada en materia de género y edad de los solicitantes, en lo referente a las necesidades físicas, psicológicas y culturales, con especial énfasis en la asistencia de personas en estado de vulnerabilidad.

Garantiza la no devolución y no discriminación, así como el interés superior del niño, la unidad familiar, la no sanción por el ingreso irregular al país y la confidencialidad.

En tanto, la diputada Cristabell Zamora Cabrera (PRI) afirmó que la Comisión busca que el contenido de la iniciativa promueva la protección y la organización de derechos de los refugiados.

Manifestó que se busca hacer modificaciones para establecer que la Secretaría de Gobernación inicie la vía procesal para solicitar ante los tribunales de la federación el desconocimiento de la condición de refugiado, ya sea por cancelación o revocación, aportando las pruebas que funden esa solicitud.

En su oportunidad, Juan Carlos Murillo, Asesor Jurídico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que existen vacíos en la actual legislación mexicana, y estableció que es necesaria la adopción de una ley específica en materia de refugiados y protección complementaria.

Manifestó que se deben establecer los derechos de las personas que obtienen protección internacional como refugiado, regular lo relativo a la asistencia y el papel del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como coordinar una política pública en esta materia.

“No sólo se trata de adecuar la legislación normativa mexicana a los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados y derechos humanos, sino de regular los distintos ciclos del desplazamiento forzado”.

Ana Mercedes Sáinz Valenzuela, representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que se debe considerar que no se tenga un impacto presupuestal para este tipo de protección, ya que otorgar todas las garantías y una efectiva integración es una situación costosa para el Gobierno mexicano.

Marco Antonio López, Responsable del Área Educativa y Protección de Amnistía Internacional Sección México, manifestó que es de resaltar el apoyo que da esta legislación en materia de servicios de salud y el reconocimiento de los estudios de los refugiados, “sin embargo en el tema del derecho a una estancia se necesita enriquecer ya que de no contar con un espacio de albergue pone en situación de vulnerabilidad al sector”.

-- ooOoo --