El presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM), señaló que la utilización de redes sociales por menores y adolescentes ha significado un valioso catálogo de víctimas para los pedófilos y pederastas.

Resaltó que de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de Internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y amenazas.

En México, puntualizó, 11 millones 600 mil menores de edad tienen acceso a esta tecnología, cuyo universo se estima en 18 mil millones de sitios que almacenan 250 mil millones de páginas web.

De esos 18 mil millones, alrededor de cinco mil millones tienen contenido inapropiado para niños, niñas y adolescentes, “dando como resultado que la posibilidad de que los menores entren en contacto con esta información o sean víctimas de un delito, es muy alta”, abundó.

Mencionó que con base a una encuesta de la organización estadounidense Crime Against Children Research Center, mil 200 pedófilos y pederastas presos “admitieron que el primer encuentro con los menores de edad fue a través de Internet”.

Pérez-Alonso subrayó que tales entrevistas mostraron que los acosadores sexuales buscan relacionarse con adolescentes de entre 12 y 18 años, “ya que es una población que se distingue por sus aptitudes para navegar en la red, y que para lograr encontrarse con sus víctimas en el mundo real utilizan un método que ellos mismos denominan como el cortejo”.

No sólo la pornografía o la pedofilia, advirtió, son los delitos más recurrentes por los ciberdelincuentes, sino que el incremento en la utilización de servicios bancarios por Internet ha dado como resultado numerosos fraudes y robos.

Datos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indican que el fraude cibernético a cuentahabientes supera los siete mil millones de pesos.

En ese sentido, el diputado se manifestó para que México se adhiera formalmente al Convenio de Budapest, ya que significaría un gran avance en la cooperación internacional para la investigación, persecución y sanción de los ciberdelitos.

Dicho Convenio, abundó, es un mecanismo “bien articulado, vasto en sus concepciones, explícito en sus medios y fines, así como respetuoso de la soberanía y los sistemas judiciales de los países adherentes”.

Enfatizó que el delito informático en México todavía sigue impune debido a tres factores: la falta de claridad en algunos artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor, el Código Penal Federal, la Constitución Política; la ausencia de una ley que hable concretamente sobre los delitos informáticos; así como la falta de interés por salvaguardar información valiosa en cualquier sitio Web mexicano.

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