Debido a que el robo de arte sacro aumentó en los últimos años y no se sabe con precisión cuánto se ha perdido, el diputado Juan Pablo Jiménez Concha (PRI) impulsa reformas para evitar este tipo de hurto y que penalmente sea tipificado como delito grave, además de crear el Registro Nacional de Arte Sacro.

El secretario de la Comisión de Turismo resaltó que Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México presentan los índices más altos de robo de piezas religiosas.

Mencionó que la laxitud en la actual legislación ha permitido que esta actividad delictiva se convirtiera en la segunda con mayores ganancias en el territorio nacional, después del narcotráfico.

Tan sólo en el sexenio pasado y según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo, se registró la pérdida de 964 objetos religiosos extraídos de 19 mil edificios sacros, de los cuales se recuperaron 190 sin contar las 10 mil 485 piezas prehispánicas sustraídas de los casi 35 mil sitios arqueológicos nacionales.

Jiménez Concha puntualizó que aunque por el valor intrínseco de las piezas las ganancias para este tipo de delincuentes son millonarias, no pueden cuantificarse con exactitud porque no se sabe el valor comercial en el mercado negro.

Abundó que el daño al patrimonio histórico es incuantificable, sobre todo en detrimento del turismo religioso, aun cuando México ocupa el primer lugar en el mundo en este tipo de visitas.

Por ello, el diputado se manifestó por impulsar desde el Legislativo acciones contundentes, en coordinación con las diferentes dependencias, que inhiban el robo de arte sacro y crear un tipo penal que sancione a quien lo transporte, comercialice y compre.

A través de reformas a las Leyes General de Bienes Nacionales, Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como a los Códigos Penal Federal y el Federal de Procedimientos Penales, se sanciona con pena de cinco a quince años de prisión y la reparación del daño, a quien sustraiga bienes muebles que formen parte del catálogo de arte sacro del INAH.

La misma aumentará hasta en una tercera parte si quien participa material o intelectualmente en la sustracción de dichos bienes labora o laboró en el INAH, en el inmueble donde se encontraba la pieza sustraída o en alguna dependencia que por sus funciones le facilitara tener acceso a ésta.

Se busca imponer pena de cinco a quince años de prisión al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos del robo, a sabiendas de que es ilegal.

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