La Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la SEDESOL, que informe cuál es el destino de los recursos públicos que no son cobrados ni reclamados por los beneficiarios del programa 70 y Más.

También propone que se modifiquen las reglas de operación, para que los operadores del programa proporcionen obligadamente a los adultos mayores los formatos de reclamo de los recursos no cobrados y apoyen a los beneficiarios, en la medida de los posible, al llenado de los formatos.

“Es indispensable que los servidores públicos que se encarguen de la operación del programa tomen en cuenta los obstáculos a que se enfrenta este sector para recibir mensualmente sus recursos y sobre todo de las enormes desventajas que tiene que afrontar diariamente”.

El documento señala que en México existen alrededor de 7 millones de adultos mayores de 60 años, quienes registran elevados niveles de analfabetismo y un menor grado de instrucción, lo que constituye un obstáculo para su desarrollo, realización personal y bienestar.

Subraya que los adultos mayores son clasificados como un grupo que se encuentra en riesgo social, por el avance de su edad, las limitaciones físicas, mentales, la insuficiencia en la cobertura de los servicios de seguridad social, la deficiente atención a la salud, su condición y situación de dependencia.

Durante la misma reunión se aprobó otro punto de acuerdo para hacer un llamado a los gobiernos estatales para que impulsen acciones y programas a favor de la familia y para que promuevan el primer domingo de marzo de cada año como el “Día de la Familia”.

El documento refiere que actualmente la familia se encuentra en una etapa de profundas transformaciones vinculadas a la demografía, el aumento de los divorcios, el crecimiento de las familias monoparentales y a la incorporación de la mujer al mercado laboral, así como el incremento de la violencia intrafamiliar.

Asimismo, se aprobó un punto de acuerdo para hacer un llamado al gobierno de Nuevo León a fin de que considere al municipio de Cadereyta como parte de la zona metropolitana de Monterrey, con el objeto de que se beneficie con los recursos del Fondo Metropolitano.

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