El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, citar a comparecer a los directores de Canal 11, Fernando Sariñana Márquez y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, Alejandro Ordoño Pérez, a fin de que aclaren los términos de colaboración actuales y futuros anunciados por el Presidente de la República.

Recordó que el pasado 12 de julio, el Presidente Felipe Calderón anunció la ampliación en la cobertura de la señal de Canal 11 mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OMPA), “convenio cuya naturaleza y contenido no fue desglosado públicamente”.

En su discurso, agregó, el Jefe del Ejecutivo dijo que tal ampliación de cobertura era parte de un proyecto de fortalecimiento de la televisión pública y para promover el debate democrático de las ideas.

Lo anterior, indicó el diputado Flores Ramírez, constituye un propósito, detrás de la sinergia entre Canal 11 y el OPMA, de crear una cadena nacional de televisión oficial cuyo contenido primario será de índole predominantemente político.

“Cabe destacar que esto constituye una flagrante violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual claramente estipula que será la Secretaría de Educación Pública la institución encargada de la coordinación de los medios públicos del gobierno federal, más aún de los orientados a fines educativos, los cuales han sido el propósito esencial de Canal 11 desde su fundación”.

En términos regulatorios, indicó, el Gobierno federal no ha hecho público qué institución es la titular de las frecuencias del espectro radioeléctrico a través de las cuales se ampliará la cobertura de Canal 11, o bajo qué permisos se encuentra instalando la infraestructura descrita por el presidente de la República.

“De confirmarse que las frecuencias para su ampliación de cobertura son asignadas al OPMA, se suma al entredicho la usurpación de la autonomía editorial de dicho canal”, sostuvo.

En suma, añadió el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, lo expuesto con antelación es clara evidencia del hecho que la administración federal se encuentra instrumentando la sectorización de los medios de servicio público en la Secretaría de Gobernación, y no en la Secretaría de Educación Pública, como lo marca la ley.

“Lo preocupante es que con ello se altera dramáticamente la visión contextual de estas herramientas de difusión mediática, pasando de una óptica social a una mayormente política, la cual, en adición al robustecimiento de la infraestructura y su consecuente ampliación de cobertura, constituirá una plataforma de acción político-electoral con miras hacia la sucesión presidencial del 2012, disfrazada bajo la noble máscara de un canal cultural nacional”.

Es por ello, dijo, que en la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo en el que se solicita citar a comparecer a los directores generales de Canal 11 y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales”.

“De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2010, Canal 11 tiene asignados 446 millones de pesos destinados a servicios personales, materiales y suministros, así como para bienes muebles e inmuebles”.

Por otro lado, concluyó, el pasado 31 de marzo de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), con el propósito de prestar servicios de radio y televisión, además de garantizar la función social como herramientas para el “fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana”.

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