La Comisión de Desarrollo Rural, que preside el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (PAN) aprobó reformas a las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de impulsar la reconversión de terrenos hacia actividades forestales de todas las tierras que han perdido capacidad agrícola por falta de agua o deterioro del suelo.

El legislador explicó que con estas reformas se abre una nueva posibilidad de riqueza para los productores y, además, se genera un mejor marco ambiental, pues también se busca reducir los efectos generados por la explotación agropecuaria.

Añadió que esta reconversión es necesaria para aprovechar al máximo las tierras que no son utilizadas en agricultura y que pueden ser sujetas a los programas forestales.

Explicó que del total de la tierra agrícola, aproximadamente 16 millones de hectáreas, el tres por ciento ha perdido su capacidad, y podrían ser destinadas a la explotación forestal racional y económicamente rentable.

Se plantean reformas y adiciones a los artículos 3, 55, 57, 59, 166, 171 y 172 de la ley de Desarrollo Rural Sustentable; así como el artículo 58 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable.

En reunión de trabajo también se aprobó otro dictamen que plantea modificaciones al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer que la integración de los Consejos Estatales, Distritales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable deberá darse en un marco de pluralidad y con ello fomentar la participación de organizaciones sociales.

Usabiaga Arroyo indicó que con esta modificación se obliga a que más organizaciones sean tomadas en cuenta, de acuerdo a la normatividad y la reglamentación existente.

Agregó que la ley es muy generosa en materia de participación ciudadana “lo único que trae son beneficios en administración pública, aplicación de recursos, rendición de cuentas e implementación de políticas públicas, hace que todos seamos mejores en nuestro quehacer de ejecución de recursos o aplicación de los mismos”.

Hace obligatoria la inclusión de todas las organizaciones sociales y otro actores rurales que lo solicitan y reitera la forma en que está conformado el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

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