Es necesario que el Congreso de la Unión legisle en materia de cabildeo, ya que la función pública en todos sus niveles debe estar ajena a la promoción de intereses particulares, al tráfico de influencias y al enriquecimiento de los servidores públicos, señaló el diputado José Luis Jaime Correa (PRD).

El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que para consolidar un Estado democrático, transparente y de rendición de cuentas, se debe prohibir a los servidores públicos emprender labores de cabildeo o gestión de causas de particulares en perjuicio del interés público.

Mencionó que la práctica de promoción de intereses determinados, conocida como cabildeo, genera una dinámica que ha incidido en la creación de diversas instancias de interlocución dentro del Poder Ejecutivo y de la iniciativa privada que cotidianamente se interrelacionan con los órganos legislativos, por lo que éstas quedan al margen de toda regulación.

Es reconocida, puntualizó, la práctica cotidiana de cabildeo de grupos de interés que buscan una interlocución con los grupos parlamentarios para promover su propia agenda y los intereses que defienden.

“A tal grado ha llegado su injerencia, que diseñan de manera particular sus estrategias de mercado, partiendo del monitoreo y evaluación regular tanto de las actividades del Congreso como de las agencias gubernamentales, así como la presentación de información técnica sobre temas específicos de la agenda pública para los legisladores en las comisiones dictaminadoras”, agregó.

Jaime Correa destacó que estas actividades, fuera de generar certidumbre en su participación, producen desconfianza y hasta sospecha. “Innumerables son los casos que identifican al cabildeo como una práctica de complicidad de grupos en el poder que negocian sus propios intereses y que ejercen su influencia en contra de lo que se entiende como el interés público”.

Subrayó que mientras no exista una regulación adecuada y no se cuide que el proceso de influencia de estos grupos sea imparcial ante los intereses presentes o potenciales de la comunidad, se corre el riesgo de que el Estado “se convierta en instrumento de algunos cuantos grupos que defienden intereses económicos; ponen en riesgo su autonomía de decisión y a la postre podrían significar un riesgo para la representación democrática”.

Por ello, el diputado impulsa reformas a los artículos 73 y 109 de la Constitución Política, para que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes en materia de cabildeo, a fin de generar un marco de certidumbre para quienes se dedican a esta actividad y para que los servidores públicos conozcan los límites y obligaciones que deben seguir en esta materia.

Se busca que a los servidores públicos se les apliquen las sanciones administrativas y penales que correspondan a quienes realicen actividades de cabildeo o la gestión de intereses particulares y reciban un beneficio personal, económico o en especie para sí o terceras personas.

El diputado del PRD enfatizó que la institucionalización de esta figura contribuiría a impulsar a las organizaciones sociales y civiles, para que éstas desarrollen mayor capacidad de incidencia en las esferas de gobierno, con la intención de que la ciudadanía y sus organizaciones aumenten su nivel de convocatoria que les permita influir de manera abierta y transparente sobre los principales actores que toman las decisiones para encauzar sus legítimas demandas.
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